Prueba y discrecionalidad judicial en el proceso penal

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Reconozco que el desconcierto que puede causar en un abogado el que le inadmitan una prueba en un juicio penal, debe ser directamente proporcional al hartazgo que puede experimentar un juez ante el hecho de que algunos letrados le propongan diligencias o pruebas que no vienen al caso, le casquen escritos interminables que, a fuerza de reiteraciones, rellenan 20 páginas en lo que a lo sumo bastaban 2 para expresar lo mismo pero de manera clara y le recurran hasta la fecha de la resolución.

Por ello he tenido siempre bastante claro que el tiempo es oro, que lo bueno si breve mucho mejor y que no hago un recurso si no me asiste un mínimo de razón. Allá los demás, pero a mí no me ha ido mal con esta práctica aunque haya veces, muy pocas, que el cliente no quiera entenderlo.

Las ruedas de reconocimiento

Me consta que hoy día hay muchos juzgados, generalmente capitales de provincia, en los que las salas y los medios para efectuar reconocimientos en rueda son, por decir algo, idóneos. Sé también que hay innumerables jueces y letrados judiciales con sanas costumbres de documentar estas diligencias de prueba mediante una fotografía, sobre todo cuando se toman la molestia de hacer coincidir a cuatro personas con características exteriores realmente similares. Y todos conocemos la facultad que tiene todo letrado, también por cierto el Mº Fiscal, de impugnar las ruedas que conculquen los derechos del procesado.

Podríamos criticar la parquedad con que la LECRIM. trata la forma de efectuar esta diligencia, ya que lo único que dice al respecto es eso, que se trate de individuos de características exteriores similares a los que se colocará delante del reconociente, a quién no podrán ver. Pero también creo que el sentido común ha de ser la madre de todo aplicador del derecho y, en este caso del juez, quién ante cualquier impugnación de una diligencia de rueda de reconocimiento, procederá no solo a fotografiar el evento sino a facilitar que el letrado pueda efectuar cuantas alegaciones quiera hacer constar.

Sucede sin embargo, excepcionalmente, todo hay que decirlo, que cuando te ponen a una persona de raza gitana al lado de dos payas con cabello dorado y de una morena para despistar, no sabes si acudir solamente a la impugnación de la diligencia o también al presidente de la Audiencia Provincial para comentar el hecho de que al moreno, lo único que le han sacado de su uniforme policial ha sido la gorra. Claro que cuando te dicen que no van a hacer una foto de los componentes de la rueda porque no disponen de cámara fotográfica, lo único que quedará recogido documentalmente del suceso serán tus unilaterales manifestaciones en el acta, con lo que más te hubiese valido no confiar tanto en el sentido común de alguno.

Las intervenciones de las comunicaciones

De este tema ya se ha hablado en este blog y precisamente el Tribunal Supremo viene acotando de manera incesante los límites del poder del estado en materia de intervenciones postales, telefónicas e informáticas. Todo pasa porque el juez instructor efectúe un control que consiste en una labor de razonamiento crítico y agnóstico acerca de la labor de los funcionarios policiales, quienes habrán de demostrarle que la medida no solo responde a algo necesario, sino además congruente con una serie de indicios incriminadores no fabricados ex profeso por los agentes intervinientes que la solicitan.

En este sentido, ello es mucho pedir para algún juez que, posteriormente ve cercenada su labor en la instancia superior. Aunque generalmente somos nosotros los que vemos como nuestras impugnaciones quedan en saco roto por estimarse que se han respetado las garantías establecidas.

Las garantías y las excusas

Precisamente que nuestro proceso penal es garantista con los derechos del imputado, hasta ahí podríamos llegar, aunque sigo sin entender por qué el acusado declara en el juicio el primero y no el último, por ejemplo.

Pero como decía al principio, para alguno las garantías pasan porque le acepten cualquier diligencia prueba. Algunas lo único que pretenden es dilatar el procedimiento o aburrir al juez de turno. Cada vez es más usual ver querellas que denuncian lo indenunciable, que se utiliza el proceso penal para criminalizar negocios civiles y que se incluyen tipos penales que favorecen esto último. Y en estas al juez, lamentablemente, no le queda otra que, salvo supuestos excepcionales, incoar el procedimiento penal y practicar unas diligencias mínimas antes de archivar el procedimiento.

En la admisión de diligencias de prueba en el proceso penal, al contrario de lo que ocurre en el civil, precisamente por las garantías, sobre todo cuando las propone la defensa, ha de seguirse un criterio favorable o al menos amplio, puesto que aunque en principio no lo pareciese, pueden crear indefensión al imputado. Os pondré solo un ejemplo.

Los bancos ostentan un parque inmobiliario de consideración a consecuencia de las ejecuciones hipotecarias que han tenido lugar últimamente.  Generalmente no se suelen ocupar de las viviendas de menor valor que tienen, sobre todo cuando provienen de otra entidad financiera a la que han acabado absorviendo. En ocasiones esas viviendas son ocupadas por terceros. Cuando salta la alarma de una posible ocupación y en vez de ir a la vía civil, denuncian porque existe un tipo penal que favorece el lanzamiento por medio del delito de usurpación. Al ocupante, que resulta que tiene un documento privado de venta que después, por circunstancias, no se ha escriturado, se le sienta en el banquillo. Se intenta aportar el documento privado en juicio y se propone un testigo de la firma de dicho documento. Tanto una como la otra prueba me son inadmitidas por el juez de instrucción en la vista oral por delito leve.

Es lo que me ha ocurrido esta misma mañana y todavía no salgo de mi asombro. Ahora solo me queda la apelación y ésta vez va a ser que sí.

Acerca de Pepe Núñez

Abogado http://www.nvabogados.com/
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Una respuesta a Prueba y discrecionalidad judicial en el proceso penal

  1. Paciencia, paciencia, compañero.

    Un saludo.

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