Que el derecho penal se utiliza para hacer política es tan viejo como las formas de organizarnos en sociedad. Pero que los problemas políticos no deben buscar la solución en el ámbito penal parece algo claro a estas alturas, por más que algunos se empeñen en lo contrario. Distinto será dar vía libre a los políticos para que delincan. Pero de ahí a cómo se está manejando la crisis del nacionalismo catalán, va un trecho enorme. Porque si a la incapacidad de los políticos para buscar salidas, unimos el empeño de otros por dinamitar las posibles soluciones, nos hallamos en el punto en que estamos, con una crisis institucional a la que se une otra igual de grave e incluso más aún que amenaza la cohesión social y económica del sistema.

El empeño, la desobediencia, la inactividad y la imprudencia

Cuando observamos el camino andado por el independentismo político catalán, el ingenuo oportunismo del poder público nos recuerda a esas investigaciones por delitos en las que el empeño de los que dirigen la instrucción policial por coger con las manos en la masa a los delincuentes en algo muy grave, termina por frustrar el trabajo de la administración de justicia. Pensemos, por ejemplo, en ocasiones en las que la policía, ya inmersa en una red de narcotráfico, con el fin de aprehender un gran alijo, acaban por olvidarse de las garantías procesales y actúan de manera irresponsable, vulnerando derechos que a posteriori dan con la nulidad de las actuaciones y la absolución de los imputados.

Y es que la tozudez por imputar por alzamientos violentos es lo que finalmente ha llevado al traste la última salida que, llegados al punto en donde estábamos por la falta de inteligencia política de los actores, parecía en ese momento la menos mala. Porque lo que todavía no acabo de entender es cómo, después de convocarse elecciones en Cataluña por el Gobierno del Estado en el plazo más breve, al Fiscal General se le ocurre, en menos de 72 horas, interponer una querella por delitos de rebelión y sedición, solicitando prisión preventiva para los miembros del Govern y la mesa del Parlament.

La ausencia de una táctica mínimamente coherente es lo que está impidiendo una solución a este conflicto. Porque si de lo que se trataba era de imputar delitos, desde el minuto 1 el proces lleva conculcando tipos penales, eso sí, menores de los que ahora se pretenden, desobediencia, malversación de fondos públicos etc. Pero meter en la cárcel a medio gobierno catalán y poner en busca y captura internacional a la otra mitad, lo que revela es una ausencia total y absoluta de estrategia, una falta de habilidad política que raya en lo grotesco.

A los que ahora afirman que el poder judicial es independiente y va por su lado, sin negar el hecho evidente aun manifestando mis reservas, les diría que es al Ministro de Justicia, lamentablemente ocupado en otros menesteres, y al Fiscal General del Estado a los que, como principales brazos ejecutores de la política criminal del estado, les corresponde impulsar las acciones y omisiones penales tendentes a hacer coincidir la voluntad del gobierno en la resolución de este gravísimo asunto de estado para hallar la solución política del conflicto. Por lo que hacer descansar la responsabilidad en la juez que ha tomado la determinación de ordenar la cuestionable prisión preventiva de los miembros del gobierno catalán, resolución adoptada a solicitud del FGE y, por lo demás, recurrible, tampoco nos iba a llevar a mucho. El mal ya está hecho y, como diría Jon Juaristi, el nacionalismo catalán está inmerso de lleno en un “bucle melancólico” de proporciones desconocidas hasta este momento que ahora va a hacer mucho más difícil la salida.

Alzamiento y resistencia

La estrategia del movimiento independentista, porque ellos sí que la tienen en ausencia de un plan por parte del gobierno del estado y me voy a ahorrar los calificativos, tras provocar un incumplimiento sistemático de las normas estatales, resoluciones judiciales y advertencias legales que les llegaban desde los equipos jurídicos de sus propias instituciones autonómicas, era hacer surgir un movimiento social de protesta de tal calibre que hiciera inevitable la ruptura.

Sobre la coexistencia o no de la violencia típica de los delitos de rebelión y sedición en este movimiento social, mucho mejor que yo lo explica el magistrado Pasquau en este brillante artículo (aquí), por lo que no me cabe otra que remitirme al mismo. Como en él se dice, para montar la querella inteligencia no le ha faltado al fiscal, si bien puede que se haya pasado de frenada ya que la propia redacción de los hechos, en definitiva, no pasa de hacer ver una resistencia pasiva poco compatible con la violencia que requieren los tipos penales por los que acusa. Por mucho que les atribuya a los autores responsables políticos una voluntariedad de que a raíz de ello, la resistencia pasiva, aparecería el germen violento típico del alzamiento que, en última instancia, el tribunal competente para el enjuiciamiento de tales conductas, valorará conforme a los principios de interpretación restrictiva y de las garantías que informan nuestro sistema penal.

No se ya si van a seguir intentando matar moscas a cañonazos. Pero esto, al final, lo pagamos todos.

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