Las denuncias falsas, el 0,00015 %

pinocho y la estadística

Parece ser que, según cifras oficiales del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ y también de la estadística de la FGE, que incluso rebaja esas cifras que no he podido contrastar con una fuente digna de confianza, pero que, en todo caso, refleja una tendencia acorde con las que se publican en cada ejercicio judicial, éste es el porcentaje de denuncias que son consideradas falsas en esta materia.

Esta materia, por afectar a algo tan sumamente delicado que, de hecho, supone un cáncer difícil de extirpar en nuestra sociedad, como es la violencia contra la Mujer, es manejada en datos oficiales al antojo de lo que ya se instauró hace tiempo como reflejo de lo políticamente correcto. Y así, en consonancia con los pronunciamientos judiciales pero extractando de ellos lo que interesa, como resulta imposible desde el punto de vista técnico-jurídico extraer porcentajes reales sobre las denuncias falsas, se eleva a la categoría de tales tan solo a las denuncias que así han sido consideradas mediante sentencia judicial.

Esto último, no es tan complicado de entender. Pensad, por ejemplo, que de las miles de sentencias judiciales que se producen cada año en violencia doméstica y de género, hay un 55 % aproximado de condenas frente a un 44 % de absoluciones. Pero si este dato no es suficiente para ver la paradoja, de la totalidad de los casos abiertos en esta materia, aproximadamente un 45 % de los mismos terminan en archivo, es decir, casi la mitad ni tan siquiera llega a juicio. Estos datos no son míos ni me los ha facilitado ningún pitoniso. Se ven reflejados en las estadísticas oficiales que publica para el año 2017 el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (Aquí) 

¿Por qué entonces tan pocas condenas por denuncias falsas? 

Sencillamente porque, en la inmensa mayoría de las ocasiones, las denuncias falsas no se persiguen judicialmente. Las razones son varias. Pero fundamentalmente se reducen a una.

Después de un procedimiento en el que algunos, no pocos hombres son injustamente perseguidos en vía penal y que finalmente obtienen sentencia favorable, se tendría que iniciar otro proceso penal en el que la mujer denunciante fuera como denunciada. Porque sentencia favorable no significa declaración de inocencia, sino de no culpabilidad. Y la no culpabilidad suele ser declarada en sentencia por falta de prueba.

De ahí a la denuncia falsa hay un gran paso que ha de construir el declarado no culpable para poder llegar a la culpabilidad de la mujer que denunciaba de forma falsa, a veces temeraria. Y los absueltos por falta de medios y de ganas no denuncian. Y los juzgados por la excesiva carga de trabajo que sufren y por la inercia, en la mayoría de las ocasiones, rara vez dictan sentencia absolutoria ordenando abrir una causa nueva contra la mujer por denuncia falsa.

Por supuesto que también se producen muchas absoluciones por la dependencia de la mujer que en no pocas ocasiones les aboca a no declarar contra sus parejas en juicio, lo que termina con la absolución del hombre.

Naturalmente que los que actuamos en los Juzgados de Instrucción y de lo Penal, somos testigos de las situaciones injustas, vejatorias y aberrantes por las que han de pasar muchas mujeres. Para las que el mero hecho de verse incursas en un proceso penal dirigido contra sus parejas por la sola actuación de terceros, – en su mayoría policías y testigos que, de hecho, son los que promueven la denuncia-, supone una amenaza real. Y son ellas mismas las que se encargan de desmentir el relato fáctico real por la exclusiva razón de la subyugación que sufren frente al macho dominante, lo que finalmente lleva a archivos de procedimientos o a sentencias absolutorias.

Pero como el procedimiento está previsto para tutelar a la mujer maltratada, lo cual es lógico, se producen situaciones de desigualdad procesal que en no pocas ocasiones son aprovechadas por algunas mujeres y por el sistema para ocultar abusos.

De la tutela al abuso

Por ello, las estadísticas, oficialmente, no se construyen mediante la falsificación de datos. Los datos no mienten. Simplemente se manipulan para intentar hacer ver que las denuncias falsas no existen.

Lo vemos casi a diario en los juzgados. Mujeres que a iniciativa propia o por el consejo externo de familiares, amigos e incluso de sus propios letrados, lo cual supone la perversión misma del sistema, son aconsejadas a iniciar o proseguir un procedimiento de separación en vía penal para conseguir una tutela rápida de los hijos menores, la casa, la paga del estado por ser víctima de violencia de género y la ruina emocional y patrimonial de sus parejas.

 El riesgo de la denuncia falsa

El artículo 456 del Código Penal establece que “los que, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdadimputaren a alguna persona hechos que, de ser ciertos, constituirían infracción penal, si esta imputación se hiciera ante funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación, serán sancionados:

  1. Con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses, si se imputara un delito grave.
  2. Con la pena de multa de doce a veinticuatro meses, si se imputara un delito menos grave.
  3. Con la pena de multa de tres a seis meses, si se imputara una falta.”

Una pena de dos años de prisión a alguien que carece de antecedentes penales, automáticamente supone la suspensión de la propia sanción.

Las estadísticas se crean y los medios las reproducen a gusto del consumidor final, según la versión oficial.

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La manada

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Todo en esta historia es exceso. El tratamiento de la prensa y su difusión en los medios. Lo mismo por parte de la policía en sus redes sociales desde que se inició el asunto. Las reacciones de la calle y en internet. Y por supuesto, el suceso en sí. Tremendo.

Ahora que sale la sentencia no iba a ser menos. La solución de la sentencia da igual cual hubiese sido. Porque para nadie había una solución. Que los hubieran condenado a 20 años, a 12, a 5, que los hubieran absuelto … Todo estaba predispuesto para estallar tal y como ha ocurrido.

Pero la justicia tenía que hacer su trabajo. Que se limita a examinar y valorar la prueba, ver si se han respetado las garantías del proceso, analizar la existencia o no de delito, encuadrar, en caso positivo, los hechos en un tipo penal y condenar a sus autores con la sanción prevista por una ley que no han hecho ellos. Nada más. Y nada menos, que diría alguno. Pero ese es el trabajo de los jueces. Para eso están ahí.

Lo que en ningún caso estaba previsto, lo que no iba a ocurrir y será difícil que suceda, es que un hecho tan condenable desde el punto de vista ético, cambie la mentalidad social fruto de siglos de existencia. Casi todos somos conscientes de por qué nuestros hijos no tienen miedo de volver solos a casa y nuestras hijas sí. La vida misma. Vivimos en una sociedad enferma. Y eso no lo va a cambiar ninguna sentencia, el trabajo más o menos acertado de unos magistrados o la ira de parte de la sociedad. El machismo depreda a todos los niveles. El NO es NO, cuando lo dice una mujer, es lo que todavía no se ha terminado de asimilar. Y este es el marco en el que nos movemos y SÍ tenemos la necesidad de modificar. Se llama educación, conlleva generaciones y requiere un cambio de patrones.

Particularidades de la resolución judicial.

Antes de analizar la sentencia, sí me gustaría precisar 3 puntos que me llaman especialmente la atención:

  1. El tiempo que se ha empleado en dictarla que ya no obedece solo a la dificultad en sí del asunto, sino a la división de opiniones en el tribunal en un caso que, al ser tan mediático, ha potenciado al máximo el sentido de responsabilidad de los magistrados a la hora de fundamentar cada una de las 2 posiciones encontradas. Ambas, la absolutoria y la condenatoria, podrán tener sus adeptos que tampoco es el caso. Pero las dos, defendibles, están argumentadas y razonadas en base a la prueba practicada. Se podrá disentir en los razonamientos que para eso están los recursos. Pero el trabajo está bien hecho.
  2. Personalmente, jamás había visto un voto particular que triplicase casi en extensión a la sentencia mayoritaria. Quizás haya examinado pocos votos particulares, puede ser. Hay que tener en cuenta que los 3 magistrados en sus deliberaciones, así se extrae razonablemente de la propia sentencia, convinieron que no se podía condenar por agresión. Esto me hace plantearme si en algún momento ulterior a esa deliberación, estuvo encima de la mesa la firme decisión de absolver mayoritariamente también por abuso. Parece razonable que así ocurriera.
  1. La sentencia publicada, en su encabezamiento hace constar no ya solo el nombre y apellidos de los cinco encausados, sino sus domicilios completos. Esto es la primera vez que lo veo en un proceso. Y los que están acostumbrados a leer sentencias y conocen el efecto que ello conlleva, comprenderán muy bien la infracción que supone. Por esto no enlazo el texto de la resolución.

Vuelvo al principio, todo en esta historia es exceso.

La Sentencia: Los hechos. Yo sí te creo.

No es mi misión juzgar. Los jueces que han reflejado el sentir mayoritario del tribunal así lo han expresado de forma rotunda y terminante. Eso es lo que ha llevado a la condena de los procesados a una pena de 9 años de prisión. Y la condena se produce porque ambos magistrados han corroborado punto por punto, reitero, en toda su extensión, la versión de los hechos que da la víctima del delito, la chica que ha sido violada por un grupo de 5 hombres. Sí, ha sido violada y así se ratifica en la sentencia por cuanto ha sido probado, según la resolución judicial, el acceso carnal inconsentido por parte de sus agresores.

Pero para calificar jurídicamente los hechos, podían encuadrar la violación que consideran probada en el tipo penal de abuso sexual o en el de agresión sexual. Es lo que marca el Código Penal. La diferencia entre uno y otro, además de una pena ligeramente superior para el segundo, es que el primero prevé la violación simple con ciertos matices, puesto que también dentro de ésta cabe la apreciación de conductas agravadas. El segundo, la agresión, requiere acreditar además una violencia o la intimidación sobre la víctima.

Puesto que, de la declaración de la víctima, insisto en ello porque no hay en la misma elemento alguno del que se pudiera deducir lo contrario; de las pruebas médicas, por la ausencia de lesiones; del visionado de la grabación que analiza y refiere con todo detalle la sentencia; y de las demás evidencias físicas, no se deduce el empleo de la violencia que requiere el tipo penal, por aquí sí que no se puede aplicar el delito de agresión sexual. Obviamente a nadie se le escapa la existencia de violencia en cualquier acceso carnal inconsentido hacia una mujer. En cualquier caso, se violenta su voluntad. Pero la violencia en el sentido jurídico que el delito de agresión requiere, es descartada por la ausencia de los elementos a los que acabamos de aludir. Reitero, basado en la prueba practicada, en especial la declaración de la víctima, a la que se le otorga una especial significación en la sentencia.

Lo que se me hace algo complicado de asimilar según la sentencia, sobre todo leyendo los hechos probados y las consideraciones que hacen ambos magistrados en los fundamentos jurídicos de la sentencia, con múltiples referencias a los detalles más puntuales del suceso, pero sobre todo a la corpulencia y actitud de los agresores y a la expresa alusión en la resolución a la intimidación sufrida por la víctima, es que no se aplique el concepto legal de intimidación para calificar los hechos de agresión en vez de abuso sexual.

Entendemos normalmente en derecho penal, a través de la interpretación que de ello hace la jurisprudencia, que para que haya intimidación se ha de producir la amenaza expresa de algún mal, es decir, o te sometes o te va a ocurrir esto o aquello. Lo que en ningún momento tuvo lugar la noche de los hechos. Los hechos son los que son, no los que se pretendan que hayan sido. Depredatorios, sí. Pero en un tribunal hay que examinarlos con racionalidad y ver si pueden ser objeto de delito.

Pero siguiendo el propio hilo argumentativo de la sentencia, la actitud pasiva que adoptó la víctima y sus declaraciones, se podría concluir sin mayores esfuerzos interpretativos que su sometimiento fue con la intención de no sufrir un mal mayor, o al menos, para proteger su integridad física. Pero en sentencia, se decide conceptuar los hechos como abuso con la agravante de prevalimiento. Lo que significa que los acusados actuaron sobre su víctima prevaliéndose de la condición que les procuraba su situación de superioridad en cuanto a número y poder de doblegar la voluntad de la mujer. Es decir, que el acceso carnal se logra mediante el consentimiento viciado de la víctima provocado por las circunstancias apuntadas. La pena que se aplica por el delito de abuso sexual, se agrava en cuanto al prevalimiento y a la existencia de un delito continuado.

Veremos lo que dice la sentencia de apelación, porque las partes acusadoras van a recurrir, al menos sí seguro el fiscal. Mientras, los condenados van a seguir en situación de prisión preventiva. La misma en la que llevan desde que fueron detenidos.

El voto particular.

El hilo argumentativo que utiliza el voto particular, prolijo, lleno de referencias a declaraciones de la víctima, periciales practicadas, consideraciones sobre los informes efectuados por la policía y, también, algo que es pasado por alto por casi toda persona lega en derecho pero que es fundamental para resolver jurídicamente, el sentido común, gira en torno a la consideración de si las relaciones sexuales fueron consentidas o no por la víctima. No puede ser de otra manera puesto que, en base a ello, independientemente de que el hecho en sí resulte condenable desde el punto de vista ético por lo que de depredación sexual conlleva, la solución de condena penal parte del presupuesto mínimo de que se ha de probar de una manera clara y sin duda alguna la falta de consentimiento.

Y para el magistrado disidente no se ha practicado una prueba clara que le determine a la condena. Es más, cambia el relato de hechos efectuado en sentencia por sus dos compañeros, según la interpretación que, de manera lógica, ordenada, pormenorizada y sistemática, hace de la prueba que se ha practicado ante sus ojos. Se podrá estar de acuerdo o no con ese relato y sus consideraciones. De hecho, sus compañeros difieren. Pero esas consideraciones no se corresponden con una decisión arbitraria. Más bien al contrario, razona y expone sus argumentos de forma acorde con los principios del derecho penal y de la experiencia.

Para el magistrado no existe una persistencia en la incriminación por parte de la denunciante. De hecho, expone que cambia sus versiones según razona el juez. De manera que, si bien al principio habla de violencia e intimidación, en la vista oral es descartado por ella misma. Da relevancia al informe que efectúa el psiquiatra forense que visiona el vídeo de los hechos, en los que no ve ni bloqueo ni pasividad por parte de la víctima y otra serie de circunstancias que le llevan a determinar que no existió delito en la conducta de los denunciantes, a quienes, no obstante, critica por su acción.

Importante al margen de ello, que era lo principal para acreditar el consentimiento, el magistrado considera que casi todo en el proceso ha girado de forma poco ortodoxa en torno a acreditar la falta de consentimiento y la existencia de violencia. Para lo cual, hay informes de la policía que se han efectuado prescindiendo del más mínimo rigor profesional. Que hay pruebas sonoras que se han omitido pese a valorarse por la policía instructora y no poderse hacer lo propio por el tribunal sentenciador ya que han desaparecido. Que se dan explicaciones grotescas en los informes para justificar lo difícilmente justificable en cuanto a pasajes visionados de la cinta en donde se contempla el acto sexual grupal. Y que lo que se ve en las mismas sugiere varias interpretaciones y no una de manera excluyente y unívoca. Esto no lo sostiene solamente el juez sino, entre otros, como digo, el psiquiatra forense que informa en el juicio. Y, en definitiva, puesto que ello es así y admite la duda, ésta ha de beneficiar al reo y por lo tanto, se impone la solución de absolución del delito de agresión sexual.

Todos los elementos que se requieren para fundamentar la condena por un delito contra la libertad sexual, son examinados por el magistrado que emite el voto particular. Y no ve ninguno de ellos. Lo razona y si alguien examina su motivación con base en la prueba practicada, le podrá gustar más o menos, pero existe una lógica perfecta en el alegato escrito y en la interpretación de la prueba. Pruebas que en algunos extremos hacen caer por su propio peso las tesis de las acusaciones en la fundamentación positiva del discurso que contiene.

Finalmente se dedica a explicar que, puesto que no se ha probado la violencia ni la intimidación y no se puede condenar por agresión, aunque para él no existe tampoco el abuso y lo justifica, no se debería haber entrado a discutir ni siquiera sobre ello puesto que significa una quiebra del principio acusatorio, ya que el abuso no fue objeto de la acusación y, por tanto, ahí deberían haberse terminado las deliberaciones del tribunal y dictar sentencia absolutoria.

Toda esta argumentación es la que tendrá en cuenta la defensa en su recurso para solicitar la revocación del fallo mayoritario.

Conclusión

La simplicidad y claridad del proceso que nos venden en los medios y las redes que coinciden con el lógico rechazo social a los actos de depredación sexual que se juzgan, no se corresponden en este supuesto con un caso nítido de violencia sexual condenable desde el derecho penal. Ambas partes, acusación y defensa, tendrán su oportunidad en los recursos de apelación y, eventualmente, de casación ante el Tribunal Supremo, para defender sus tesis e intentar probar sus argumentos. Esto entra dentro del terreno de la normalidad en la que se desarrolla el procedimiento judicial en un estado de derecho como el nuestro. Los errores o defectos de unos pueden ser revisados por otros y nadie tiene el monopolio de la verdad.

Algo que al menos debería ser entendido a estas alturas por los políticos y por los representantes del estado que, en vez de defender la ley y la separación de poderes, se dedican a intentar dinamitar el judicial a la primera ocasión que les es propicia para sus batallas partidistas, mientras pasan de dotar a la justicia de los medios que les son precisos para actuar de forma más ágil y efectiva.

Cada sociedad tiene los políticos que se merece, que diría alguno. Pero en esta ocasión, se ha exacerbado el discurso de la idiocia hasta tales límites que ya no es que se pida la dimisión de los 3 magistrados que firman la sentencia mediante una plataforma de internet que, puestos a ejercer el derecho al pataleo, puede ser de lo más inofensivo. Es que nuestro insigne Ministro de Justicia, entre otros muchos, se pone a desbarrar en público y llega a pedir responsabilidad disciplinaria vía CGPJ para el magistrado que emite el voto particular de una sentencia que no comparte.

Y es que en todo caso, en vez de leerse una resolución entera y reflexionar, lo que implica algo más profundo que hacer dos flexiones, lo fácil es creer a pies juntillas las frases que afirma la prensa que se contienen en la sentencia. Algunas directamente fake, otras completamente descontextualizadas y por ello, desnaturalizadas. Eso ahora. En la era de la postverdad.

Y el esperpento continúa.

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Justicia Popular

Matar a un ruiseñor 2

Cuando se da la paradoja de una sociedad avanzada, pero con importantes minorías que cumplen correlaciones de altos niveles de incultura polarizados por cuestiones ideológicas, y unimos esto a unos medios y redes sociales ávidos de carnaza y sensacionalismo, ¿qué queda de la civilización?

La escena del intento de linchamiento de “Matar a un ruiseñor” pareciera que quedaba lejana. Pero, desgraciadamente, hoy en día sigue existiendo una turba que no entiende de juicios justos, de defensores dedicados a su oficio ni de que la justicia no se administra por aclamación.

La revolución que queda pendiente, la de la educación, no sabemos cuándo llegará. Mientras tanto, quizás las hordas justicieras sigan comulgando con el odio y la venganza.

La violencia extrema 

Casi todos nos podríamos poner en el lugar de un padre o de una madre a los que asesinan a su propio hijo. En ese momento se impone la empatía como sentimiento humano derivado de la conmoción y es difícil pedir raciocinio. Pero ¿qué diferencia hay entre el que mata y el que pide la muerte para el asesino cuando no lo ha sufrido en sus propias carnes?

Y ¿por qué vuelve un debate que parecía haber quedado superado? ¿No será más humo del que nos lanzan desde arriba para que no veamos los problemas que son incapaces de abordar? La historia va, pero no avanza tanto. Los mismos viejos mecanismos de distracción, propaganda y fomento de la ausencia de reflexión son los que perpetúan el poder. La política no cambia.

La prisión permanente revisable

¿Existe realmente la necesidad de implantar una pena de cárcel de por vida, siquiera revisable? Aquí, en un sistema que ya elevó el máximo de cumplimiento efectivo de las penas (40 años) para determinados y execrables delitos. Esa que en la práctica supera a la de los países de nuestro entorno que tienen contemplada y ejecutan desde hace tiempo esta figura de la prisión permanente revisable (aquí).

¿Por qué se desinforma y se miente descaradamente a la gente intentando hacer ver que en Alemania, Italia, Reino Unido, Bélgica, Grecia …, los criminales pasan más tiempo en prisión? Cuando lo que tenemos es uno de los índices de criminalidad más bajos y mayor población reclusa en las cárceles, con un periodo de cumplimiento efectivo más elevado que el de los países de nuestro entorno cultural, según el último informe de  SPACE (Statistiques Pénales Annuelles du Conseil de l’Europe), aquí y aquí.

El todismo

Ya todo el mundo tiene una opinión. Sí, de lo que sea. En un país en donde el índice de lectura por habitante es de vergüenza. Donde el consumo de telebasura y la telebasura misma alcanzan niveles estratosféricos. Cualquiera te opina de una orden europea de detención, de una prisión preventiva y hasta del Código penal germano si hace falta.

Pero sí, el odio y la venganza se extienden mientras que los problemas se quedan. Fruto de la incapacidad del poder y de la basta cultura popular.

 

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El interrogatorio del acusado en juicio, por favor, el último

Interrogatorio del acusado

No les dio por explicarlo en Barrio Sésamo. Pero como cada evidencia que contaban Epi y Blas, caía por su propio peso.

Si primero declaran en juicio los testigos y peritos de la acusación, a los que la defensa interroga a continuación de las partes acusadoras que son las que los proponen. Si el derecho de defensa y las garantías procesales penales exigen que sea el acusado el último en manifestarse. Si el acusado goza de presunción de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario y es por ello por lo que tiene derecho a conocer las pruebas que se articulan en su contra para después poderlas rebatir ¿Por qué el acusado declara al inicio del juicio y no al final después de practicada el resto de la prueba? ¿Es que acaso el interrogatorio del acusado es una prueba de la acusación?

¡Ah, que lo propone la acusación en primer lugar! O sea, que se veda a las partes acusadoras la posibilidad de que muestren su prueba en último lugar en base a las garantías de defensa y al principio acusatorio. Pero por una costumbre existente y no sancionada legalmente, se les permite hacer declarar al acusado al inicio del juicio.

Pues será que así lo ordenará la ley, que diría alguno.

Pues será, ¿dónde?

Los usos y costumbres forenses

El hecho de que el acusado declare en juicio el primero y no el último es consecuencia de un sistema procesal penal inquisitivo. El que imperaba cuando se promulgó nuestra vigente, anciana y maquillada Ley de Enjuiciamiento Criminal. Allá por el final del siglo XIX. El que se perpetuó hasta que se promulgó la Constitución de 1978.

Pues bien, han sido los usos y costumbres los que han permitido la continuación de ese orden desde que entrase en vigor el texto constitucional. Porque ni tan siquiera nuestra obsoleta LeCrim. se manifiesta al respecto en favor de que sea el acusado el primero en declarar en juicio. El artículo 696 de la misma, habla de la posibilidad de que el acusado se conforme con la acusación al inicio del juicio, lo que no impediría que, en caso de no conformidad, su interrogatorio pudiera tener lugar después de practicada toda la prueba. Solo al final del citado artículo, se habla de que “el presidente del tribunal podrá alterar el orden de declaraciones propuestas por las partes cuando así lo considere conveniente para el mayor esclarecimiento de los hechos o para el más seguro descubrimiento de la verdad.” ¿Entendemos ahora en qué consiste el sistema inquisitivo?

¿Será esta nueva opción, la que aquí se propone, más acorde con el principio acusatorio, la que han tomado en consideración algunos magistrados de la Audiencia Provincial de Barcelona para alterar el orden de intervención en los juicios? Aquí, Aquí y Aquí

¿Obedece a razones más garantistas para la defensa del acusado tendentes a conseguir un juicio más imparcial, como manifiesta para otro supuesto el magistrado de la Sala Segunda del TS, Joaquín Giménez, a la hora de defender la colocación del defendido en sala al lado de su letrado? Así se asegura una asistencia letrada más efectiva y conforme a las garantías que exige nuestro proceso penal, nos dice el citado magistrado aquí.

En este país somos muy dados a copiar lo que nos parece, pero las costumbres son como una gran losa que cuesta generaciones levantar. Por aquello de que la constitución lo recomendaba y pese a suponer un superfluo gasto a mi manera de ver las cosas, se instauró hace 22 años el tribunal del jurado. ¿Al modo anglosajón? Sí, pero no. Me explico.

A los jurados no se les aisla sino hasta el momento anterior a emitir el veredicto. Una chapuza, puesto que se les permite contaminarse durante el desarrollo de las sesiones del juicio. Tampoco se altera el orden de intervención en juicio. Es decir, el acusado sigue declarando el primero. Y eso sí, se sanciona por ley la obligación de cercanía del acusado con su defensor. Ha partido ahora la iniciativa de extenderlo a todos los juicios penales. Atención, que se sepa, por un solo magistrado de la sala segunda del TS. Pero de momento, los acusados siguen en el banquillo. Alejados y sin poder comunicarse con sus defensores.

Si todo esto de la declaración del acusado el último no obedece a otra cosa que a cuadrar las garantías procesales y a erradicar un sistema obsoleto e injusto, veamos lo que se contiene (Aquí) al respecto en el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal. Véase qué es lo que dice el artículo 567.

En efecto, el juicio oral se estructura de tal manera que

1.- “Nunca podrá comenzar la práctica de la prueba con la declaración del acusado, debiendo oírse previamente, en todo caso, a los testigos de la acusación”

2.- “El defensor dispondrá de un turno final de preguntas para establecer la credibilidad de su defendido o la veracidad de la declaración”

3.- “El acusado sólo prestará declaración si así lo desea, a instancia de su abogado, en el turno de prueba de la defensa y en el momento que ésta considere oportuno.”

4.- “La declaración del acusado podrá ser propuesta en cualquier momento del juicio hasta la terminación de la fase probatoria aun cuando no haya sido incluida en el escrito de defensa. El tribunal en ningún caso podrá rechazarla”

El dislate

Para aquellos que todavía pretendan vendernos que para qué todo esto si existe el derecho a la última palabra, les diría que claro. Que las garantías son inexistentes en un momento en el que ni tan siquiera existe contradicción. El acusado cuando usa de él se pega un monólogo, inarticulado la mayoría de las veces ante tanta información vertida en la vista oral y que de lo único que sirve es de soliloquio intrascendente, preámbulo inútil del consabido visto para sentencia. Y que existen sentencias condenatorias a decenas como consecuencia del uso de este derecho en el que se le invita al acusado a la práctica esquizofrénica de hacer de sí mismo y de letrado defensor.

Por eso, si queremos podemos esperar a que se promulgue una nueva Ley de Enjuicimiento Criminal. Con suerte la verán nuestros nietos.

La alternativa es comenzar YA a ejercer presión para desterrar esta absurda costumbre que supone la mayor injusticia de nuestro proceso penal desde que se instauró la democracia. Y de eso hace ya más de 40 años.

 

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El valor del silencio

el silencio

Os adjunto link al artículo publicado en lawandtrends sobre uno de los derechos básicos del proceso penal y su interpretación Aquí

Gracias por leerme.

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La caza

La Caza

Título original: Jagten (The Hunt)

Año: 2012

Duración: 111 min.

País: Dinamarca

Dirección: Thomas Vinterberg

Guión: Thomas Vinterberg, Tobias Lindholm

Música: Nikolaj Egelund

Fotografía: Charlotte Bruus Christensen

Reparto: Mads MikkelsenThomas Bo LarsenAnnika WedderkoppAlexandra Rapaport,Anne Louise HassingLars RantheLasse FogelstrømSusse WoldOle Dupont,Sebastian Bull Sarning

Productora: Zentropa Entertainments4

Premios: Muchos

111 minutos para disfrutar de CINE. 111 minutos de soberbia interpretación. 111 minutos que te aferran de manera empática a los sentimientos de un hombre atrapado en una espiral de odio ajeno. 111 minutos para comprobar pese a la frialdad danesa que todas las sociedades funcionan bajo los mismos rudimentarios esquemas.

La caza es de esas películas en las que te metes desde el primer instante. Primero por el atractivo marco en el que se desarrolla. Después por la pausada y a la vez intensa narrativa que despliega. Y, por último, por la cruda realidad que refleja, la de nuestros propios prejuicios y de los acontecimientos que sobrepasan los límites de la cordura.

Presunción versus realidad

Cuando observas el desarrollo de la acción, ya desde el planteamiento, te asalta el pesar de saber cómo en un mundo en el que no distinguimos realidad y ficción, la realidad que se describe en la película y la ficción que se crea en torno a esa misma realidad, la cosa no puede acabar bien. El desarrollo judicial de los hechos tal y como están contemplados va por el camino de la lógica, del sentido común. Y tiene un final digno, acorde con los propios hechos. Los hechos que se acontecen con arreglo a las apariencias, reflejan la podredumbre de nuestra sociedad, ajena a la prueba de los propios hechos, inmersa en la más ancestral irracionalidad de nuestros sentimientos negativos.

Los valores de la amistad y del amor paterno filial, perfectamente recreados en la trama, juegan en una sorprendente dualidad que transmite a la vez esperanza y desasosiego.

La película no va de presunción de inocencia, podía haberse quedado ahí. Trata de la justicia y la injusticia. La injusticia de una pequeña mentira, la injusticia de un inocente comentario que se extiende viralmente hasta recoger los sentimientos de indignación y de odio de un pequeño pueblo de Dinamarca. Pese a la acción de la Justicia.

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Política y derecho penal

CP

Que el derecho penal se utiliza para hacer política es tan viejo como las formas de organizarnos en sociedad. Pero que los problemas políticos no deben buscar la solución en el ámbito penal parece algo claro a estas alturas, por más que algunos se empeñen en lo contrario. Distinto será dar vía libre a los políticos para que delincan. Pero de ahí a cómo se está manejando la crisis del nacionalismo catalán, va un trecho enorme. Porque si a la incapacidad de los políticos para buscar salidas, unimos el empeño de otros por dinamitar las posibles soluciones, nos hallamos en el punto en que estamos, con una crisis institucional a la que se une otra igual de grave e incluso más aún que amenaza la cohesión social y económica del sistema.

El empeño, la desobediencia, la inactividad y la imprudencia

Cuando observamos el camino andado por el independentismo político catalán, el ingenuo oportunismo del poder público nos recuerda a esas investigaciones por delitos en las que el empeño de los que dirigen la instrucción policial por coger con las manos en la masa a los delincuentes en algo muy grave, termina por frustrar el trabajo de la administración de justicia. Pensemos, por ejemplo, en ocasiones en las que la policía, ya inmersa en una red de narcotráfico, con el fin de aprehender un gran alijo, acaban por olvidarse de las garantías procesales y actúan de manera irresponsable, vulnerando derechos que a posteriori dan con la nulidad de las actuaciones y la absolución de los imputados.

Y es que la tozudez por imputar por alzamientos violentos es lo que finalmente ha llevado al traste la última salida que, llegados al punto en donde estábamos por la falta de inteligencia política de los actores, parecía en ese momento la menos mala. Porque lo que todavía no acabo de entender es cómo, después de convocarse elecciones en Cataluña por el Gobierno del Estado en el plazo más breve, al Fiscal General se le ocurre, en menos de 72 horas, interponer una querella por delitos de rebelión y sedición, solicitando prisión preventiva para los miembros del Govern y la mesa del Parlament.

La ausencia de una táctica mínimamente coherente es lo que está impidiendo una solución a este conflicto. Porque si de lo que se trataba era de imputar delitos, desde el minuto 1 el proces lleva conculcando tipos penales, eso sí, menores de los que ahora se pretenden, desobediencia, malversación de fondos públicos etc. Pero meter en la cárcel a medio gobierno catalán y poner en busca y captura internacional a la otra mitad, lo que revela es una ausencia total y absoluta de estrategia, una falta de habilidad política que raya en lo grotesco.

A los que ahora afirman que el poder judicial es independiente y va por su lado, sin negar el hecho evidente aun manifestando mis reservas, les diría que es al Ministro de Justicia, lamentablemente ocupado en otros menesteres, y al Fiscal General del Estado a los que, como principales brazos ejecutores de la política criminal del estado, les corresponde impulsar las acciones y omisiones penales tendentes a hacer coincidir la voluntad del gobierno en la resolución de este gravísimo asunto de estado para hallar la solución política del conflicto. Por lo que hacer descansar la responsabilidad en la juez que ha tomado la determinación de ordenar la cuestionable prisión preventiva de los miembros del gobierno catalán, resolución adoptada a solicitud del FGE y, por lo demás, recurrible, tampoco nos iba a llevar a mucho. El mal ya está hecho y, como diría Jon Juaristi, el nacionalismo catalán está inmerso de lleno en un “bucle melancólico” de proporciones desconocidas hasta este momento que ahora va a hacer mucho más difícil la salida.

Alzamiento y resistencia

La estrategia del movimiento independentista, porque ellos sí que la tienen en ausencia de un plan por parte del gobierno del estado y me voy a ahorrar los calificativos, tras provocar un incumplimiento sistemático de las normas estatales, resoluciones judiciales y advertencias legales que les llegaban desde los equipos jurídicos de sus propias instituciones autonómicas, era hacer surgir un movimiento social de protesta de tal calibre que hiciera inevitable la ruptura.

Sobre la coexistencia o no de la violencia típica de los delitos de rebelión y sedición en este movimiento social, mucho mejor que yo lo explica el magistrado Pasquau en este brillante artículo (aquí), por lo que no me cabe otra que remitirme al mismo. Como en él se dice, para montar la querella inteligencia no le ha faltado al fiscal, si bien puede que se haya pasado de frenada ya que la propia redacción de los hechos, en definitiva, no pasa de hacer ver una resistencia pasiva poco compatible con la violencia que requieren los tipos penales por los que acusa. Por mucho que les atribuya a los autores responsables políticos una voluntariedad de que a raíz de ello, la resistencia pasiva, aparecería el germen violento típico del alzamiento que, en última instancia, el tribunal competente para el enjuiciamiento de tales conductas, valorará conforme a los principios de interpretación restrictiva y de las garantías que informan nuestro sistema penal.

No se ya si van a seguir intentando matar moscas a cañonazos. Pero esto, al final, lo pagamos todos.

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Sí, claro, votar no es delito, pero la estáis liando parda

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Os adjunto link al artículo publicado en LawandTrends Aquí

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Secesión y Derecho Penal

Cataluña

Os adjunto link del artículo publicado hoy en la revista Law&Trends (Aquí)

 

 

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Prueba y discrecionalidad judicial en el proceso penal

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Reconozco que el desconcierto que puede causar en un abogado el que le inadmitan una prueba en un juicio penal, debe ser directamente proporcional al hartazgo que puede experimentar un juez ante el hecho de que algunos letrados le propongan diligencias o pruebas que no vienen al caso, le casquen escritos interminables que, a fuerza de reiteraciones, rellenan 20 páginas en lo que a lo sumo bastaban 2 para expresar lo mismo pero de manera clara y le recurran hasta la fecha de la resolución.

Por ello he tenido siempre bastante claro que el tiempo es oro, que lo bueno si breve mucho mejor y que no hago un recurso si no me asiste un mínimo de razón. Allá los demás, pero a mí no me ha ido mal con esta práctica aunque haya veces, muy pocas, que el cliente no quiera entenderlo.

Las ruedas de reconocimiento

Me consta que hoy día hay muchos juzgados, generalmente capitales de provincia, en los que las salas y los medios para efectuar reconocimientos en rueda son, por decir algo, idóneos. Sé también que hay innumerables jueces y letrados judiciales con sanas costumbres de documentar estas diligencias de prueba mediante una fotografía, sobre todo cuando se toman la molestia de hacer coincidir a cuatro personas con características exteriores realmente similares. Y todos conocemos la facultad que tiene todo letrado, también por cierto el Mº Fiscal, de impugnar las ruedas que conculquen los derechos del procesado.

Podríamos criticar la parquedad con que la LECRIM. trata la forma de efectuar esta diligencia, ya que lo único que dice al respecto es eso, que se trate de individuos de características exteriores similares a los que se colocará delante del reconociente, a quién no podrán ver. Pero también creo que el sentido común ha de ser la madre de todo aplicador del derecho y, en este caso del juez, quién ante cualquier impugnación de una diligencia de rueda de reconocimiento, procederá no solo a fotografiar el evento sino a facilitar que el letrado pueda efectuar cuantas alegaciones quiera hacer constar.

Sucede sin embargo, excepcionalmente, todo hay que decirlo, que cuando te ponen a una persona de raza gitana al lado de dos payas con cabello dorado y de una morena para despistar, no sabes si acudir solamente a la impugnación de la diligencia o también al presidente de la Audiencia Provincial para comentar el hecho de que al moreno, lo único que le han sacado de su uniforme policial ha sido la gorra. Claro que cuando te dicen que no van a hacer una foto de los componentes de la rueda porque no disponen de cámara fotográfica, lo único que quedará recogido documentalmente del suceso serán tus unilaterales manifestaciones en el acta, con lo que más te hubiese valido no confiar tanto en el sentido común de alguno.

Las intervenciones de las comunicaciones

De este tema ya se ha hablado en este blog y precisamente el Tribunal Supremo viene acotando de manera incesante los límites del poder del estado en materia de intervenciones postales, telefónicas e informáticas. Todo pasa porque el juez instructor efectúe un control que consiste en una labor de razonamiento crítico y agnóstico acerca de la labor de los funcionarios policiales, quienes habrán de demostrarle que la medida no solo responde a algo necesario, sino además congruente con una serie de indicios incriminadores no fabricados ex profeso por los agentes intervinientes que la solicitan.

En este sentido, ello es mucho pedir para algún juez que, posteriormente ve cercenada su labor en la instancia superior. Aunque generalmente somos nosotros los que vemos como nuestras impugnaciones quedan en saco roto por estimarse que se han respetado las garantías establecidas.

Las garantías y las excusas

Precisamente que nuestro proceso penal es garantista con los derechos del imputado, hasta ahí podríamos llegar, aunque sigo sin entender por qué el acusado declara en el juicio el primero y no el último, por ejemplo.

Pero como decía al principio, para alguno las garantías pasan porque le acepten cualquier diligencia prueba. Algunas lo único que pretenden es dilatar el procedimiento o aburrir al juez de turno. Cada vez es más usual ver querellas que denuncian lo indenunciable, que se utiliza el proceso penal para criminalizar negocios civiles y que se incluyen tipos penales que favorecen esto último. Y en estas al juez, lamentablemente, no le queda otra que, salvo supuestos excepcionales, incoar el procedimiento penal y practicar unas diligencias mínimas antes de archivar el procedimiento.

En la admisión de diligencias de prueba en el proceso penal, al contrario de lo que ocurre en el civil, precisamente por las garantías, sobre todo cuando las propone la defensa, ha de seguirse un criterio favorable o al menos amplio, puesto que aunque en principio no lo pareciese, pueden crear indefensión al imputado. Os pondré solo un ejemplo.

Los bancos ostentan un parque inmobiliario de consideración a consecuencia de las ejecuciones hipotecarias que han tenido lugar últimamente.  Generalmente no se suelen ocupar de las viviendas de menor valor que tienen, sobre todo cuando provienen de otra entidad financiera a la que han acabado absorviendo. En ocasiones esas viviendas son ocupadas por terceros. Cuando salta la alarma de una posible ocupación y en vez de ir a la vía civil, denuncian porque existe un tipo penal que favorece el lanzamiento por medio del delito de usurpación. Al ocupante, que resulta que tiene un documento privado de venta que después, por circunstancias, no se ha escriturado, se le sienta en el banquillo. Se intenta aportar el documento privado en juicio y se propone un testigo de la firma de dicho documento. Tanto una como la otra prueba me son inadmitidas por el juez de instrucción en la vista oral por delito leve.

Es lo que me ha ocurrido esta misma mañana y todavía no salgo de mi asombro. Ahora solo me queda la apelación y ésta vez va a ser que sí.

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