Secesión y Derecho Penal

Cataluña

Os adjunto link del artículo publicado hoy en la revista Law&Trends (Aquí)

 

 

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Prueba y discrecionalidad judicial en el proceso penal

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Reconozco que el desconcierto que puede causar en un abogado el que le inadmitan una prueba en un juicio penal, debe ser directamente proporcional al hartazgo que puede experimentar un juez ante el hecho de que algunos letrados le propongan diligencias o pruebas que no vienen al caso, le casquen escritos interminables que, a fuerza de reiteraciones, rellenan 20 páginas en lo que a lo sumo bastaban 2 para expresar lo mismo pero de manera clara y le recurran hasta la fecha de la resolución.

Por ello he tenido siempre bastante claro que el tiempo es oro, que lo bueno si breve mucho mejor y que no hago un recurso si no me asiste un mínimo de razón. Allá los demás, pero a mí no me ha ido mal con esta práctica aunque haya veces, muy pocas, que el cliente no quiera entenderlo.

Las ruedas de reconocimiento

Me consta que hoy día hay muchos juzgados, generalmente capitales de provincia, en los que las salas y los medios para efectuar reconocimientos en rueda son, por decir algo, idóneos. Sé también que hay innumerables jueces y letrados judiciales con sanas costumbres de documentar estas diligencias de prueba mediante una fotografía, sobre todo cuando se toman la molestia de hacer coincidir a cuatro personas con características exteriores realmente similares. Y todos conocemos la facultad que tiene todo letrado, también por cierto el Mº Fiscal, de impugnar las ruedas que conculquen los derechos del procesado.

Podríamos criticar la parquedad con que la LECRIM. trata la forma de efectuar esta diligencia, ya que lo único que dice al respecto es eso, que se trate de individuos de características exteriores similares a los que se colocará delante del reconociente, a quién no podrán ver. Pero también creo que el sentido común ha de ser la madre de todo aplicador del derecho y, en este caso del juez, quién ante cualquier impugnación de una diligencia de rueda de reconocimiento, procederá no solo a fotografiar el evento sino a facilitar que el letrado pueda efectuar cuantas alegaciones quiera hacer constar.

Sucede sin embargo, excepcionalmente, todo hay que decirlo, que cuando te ponen a una persona de raza gitana al lado de dos payas con cabello dorado y de una morena para despistar, no sabes si acudir solamente a la impugnación de la diligencia o también al presidente de la Audiencia Provincial para comentar el hecho de que al moreno, lo único que le han sacado de su uniforme policial ha sido la gorra. Claro que cuando te dicen que no van a hacer una foto de los componentes de la rueda porque no disponen de cámara fotográfica, lo único que quedará recogido documentalmente del suceso serán tus unilaterales manifestaciones en el acta, con lo que más te hubiese valido no confiar tanto en el sentido común de alguno.

Las intervenciones de las comunicaciones

De este tema ya se ha hablado en este blog y precisamente el Tribunal Supremo viene acotando de manera incesante los límites del poder del estado en materia de intervenciones postales, telefónicas e informáticas. Todo pasa porque el juez instructor efectúe un control que consiste en una labor de razonamiento crítico y agnóstico acerca de la labor de los funcionarios policiales, quienes habrán de demostrarle que la medida no solo responde a algo necesario, sino además congruente con una serie de indicios incriminadores no fabricados ex profeso por los agentes intervinientes que la solicitan.

En este sentido, ello es mucho pedir para algún juez que, posteriormente ve cercenada su labor en la instancia superior. Aunque generalmente somos nosotros los que vemos como nuestras impugnaciones quedan en saco roto por estimarse que se han respetado las garantías establecidas.

Las garantías y las excusas

Precisamente que nuestro proceso penal es garantista con los derechos del imputado, hasta ahí podríamos llegar, aunque sigo sin entender por qué el acusado declara en el juicio el primero y no el último, por ejemplo.

Pero como decía al principio, para alguno las garantías pasan porque le acepten cualquier diligencia prueba. Algunas lo único que pretenden es dilatar el procedimiento o aburrir al juez de turno. Cada vez es más usual ver querellas que denuncian lo indenunciable, que se utiliza el proceso penal para criminalizar negocios civiles y que se incluyen tipos penales que favorecen esto último. Y en estas al juez, lamentablemente, no le queda otra que, salvo supuestos excepcionales, incoar el procedimiento penal y practicar unas diligencias mínimas antes de archivar el procedimiento.

En la admisión de diligencias de prueba en el proceso penal, al contrario de lo que ocurre en el civil, precisamente por las garantías, sobre todo cuando las propone la defensa, ha de seguirse un criterio favorable o al menos amplio, puesto que aunque en principio no lo pareciese, pueden crear indefensión al imputado. Os pondré solo un ejemplo.

Los bancos ostentan un parque inmobiliario de consideración a consecuencia de las ejecuciones hipotecarias que han tenido lugar últimamente.  Generalmente no se suelen ocupar de las viviendas de menor valor que tienen, sobre todo cuando provienen de otra entidad financiera a la que han acabado absorviendo. En ocasiones esas viviendas son ocupadas por terceros. Cuando salta la alarma de una posible ocupación y en vez de ir a la vía civil, denuncian porque existe un tipo penal que favorece el lanzamiento por medio del delito de usurpación. Al ocupante, que resulta que tiene un documento privado de venta que después, por circunstancias, no se ha escriturado, se le sienta en el banquillo. Se intenta aportar el documento privado en juicio y se propone un testigo de la firma de dicho documento. Tanto una como la otra prueba me son inadmitidas por el juez de instrucción en la vista oral por delito leve.

Es lo que me ha ocurrido esta misma mañana y todavía no salgo de mi asombro. Ahora solo me queda la apelación y ésta vez va a ser que sí.

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Pongamos que hablo de faltas en vez de delitos leves

Pues va a ser que da lo mismo. Porque cuando desde el ejecutivo y después el legislador en la exposición de motivos de la reforma del Código Penal de 2015, nos intentan vender la moto de la despenalización de las faltas, lo que en el fondo se pretendía y consiguen es otra cosa distinta. Sí, en efecto que se modifica algo. En bastante, a peor.

El que los delitos leves ya no se encuentren bajo una misma rubrica, sino que estén junto con el resto de delitos, identificándose generalmente con los tipos atenuados de otras conductas delictivas que poseen una pena leve, pudiera en principio dar igual. Ocurre, sin embargo, que los delitos leves prescriben al año, a diferencia de las faltas que lo hacían a los seis meses y que los leves sí generan antecedentes penales hasta los seis meses después de extinguida la pena. No son computables a efectos de reincidencia y de suspensión de la pena, pero sí por ejemplo para la agravación por habitualidad de determinadas conductas como el hurto y la apropiación indebida.

Los delitos leves

Hay una serie de delitos, antes faltas, que lo que hacen es quedarse como delitos leves lo que a efectos prácticos y, salvando lo anterior, es lo mismo. Podríamos decir que unos tantos. Así, las que van en contra del cumplimiento de las obligaciones familiares y las derivadas de incumplimientos de medidas judiciales en materia de custodia que infringen los tipos del 227, las faltas de respeto graves a la autoridad del 556 del Código Penal y otras.

Por el contrario, hay conductas que se agravan y que pasan de haber estado calificado como faltas a delitos menos graves. Por ejemplo, la falta de uso de vehículo a motor de menos de 400 euros pasa a estar tipificada como delito menos grave pero no leve del 244.1; las faltas contra la propiedad intelectual e industrial inferior a 400 euros, también a delitos menos graves de los párrafos segundos del 270.4 y 274.3, respectivamente. Y la falta de lesiones con tratamiento médico de menor entidad cometidas por imprudencia grave del anterior 621.1, lo mismo, de acuerdo con el vigente artículo 152 del Código Penal.

En un tercer grupo, se pueden englobar todas aquellas conductas que, habiendo sido constitutivas de faltas, por ejemplo la falta de abandono de jeringuillas o instrumentos peligrosos; la suelta de animales feroces o dañinos en condiciones de causar mal; la de desobediencia leve a la autoridad o a sus agentes y otras, que desaparecen del Código Penal pero pasan a ser sancionadas administrativamente como infracciones leves, algunas, y graves, la mayoría, a través de la Ley de seguridad ciudadana.

Quizás la mayor novedad es que quedan fuera del ámbito penal las faltas de injurias leves o vejaciones injustas, salvo para las personas especialmente protegidas del 173.4, lo que dudo que vaya a dejar fuera de enjuiciamiento conductas tales como “tendió las sábanas chorreando, me mojó mi colada y encima me llamó guarra”, aunque al final queden en nada.

La despenalización de los accidentes de tráfico

Las que ganan con esta reforma de nuevo son las compañías de seguros. Ya que tanto las faltas de homicidio por imprudencia leve del antiguo artículo 621.2, como las de lesiones por imprudencia menos grave o leve del art. 621.3 CP salen del Código Penal, excepto las de especial gravedad subsumibles en el art. 152.2 del Código Penal, remitiéndose a la jurisdicción civil. Es decir, la mayoría de las imprudencias al volante se van a los juzgados de primera instancia.

La consecuencia de esto es que los accidentados de tráfico ya no pueden ser examinados por regla general por un médico forense dentro de un procedimiento penal. Lo que llevaba a las aseguradoras a indemnizar por las cuantías resultantes de las lesiones que los médicos del juzgado informaban antes de ver a sus clientes sentados en el banquillo de los acusados. Ahora se les obliga a ir a la vía civil en la mayoría de los supuestos, con informes médicos de parte, con lo que ello supone en cuanto al encarecimiento de los procesos, la falta de garantías a la hora de los juicios y la ausencia de motivación por parte de las compañías a la hora de llegar a acuerdos extrajudiciales que era como se solventaban hasta hace poco la mayoría de los accidentes de tráfico. Mejor que yo, lo explica José Muelas aquí.

La perpetuación del atasco

Lo relevante de toda esta reforma, es que se invoca el principio de intervención mínima del derecho penal como pretexto para llevar a la vía administrativa y al orden civil conductas que antes se juzgaban en los juzgados de instrucción y cuyas sentencias eran revisables por las audiencias provinciales. Es decir, como ya se apuntaba, desaparecen las garantías procesales del juicio penal para ventilarse los mismos hechos en vía administrativa con consecuencias económicas incluso mayores de las que preveía el Código Penal o en la civil en perjuicio de los accidentados de tráfico.

Y esto además no ha influido para descargar de manera mínimamente significativa el trabajo de los jueces de instrucción. Ya que, un día o dos en semana, se tienen que seguir ocupando toda una mañana de celebrar vistas orales de esto que antes se llamaban faltas y siguen siendo tales, ya que el procedimiento, el tiempo que ocupan y el atasco que sigue produciendo en su quehacer diario es exactamente el mismo.

Vamos, que la pólvora hacía siglos que estaba ya inventada. Lo que se consigue es magnificar sus efectos.

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La independencia de los fiscales

A medida que avanza el tiempo del destape de la corrupción son dos las preguntas que nos hacemos. La primera es por qué sale todo esto ahora. La otra, hasta adónde va a llegar.

La respuesta a la primera está en la mente de todos. Demasiado fango. Tanto que hasta los recién llegados están aterrorizados de que les salpique. Las instituciones están saturadas de basura y el estrago de la crisis ha llegado a tal que hay que empezar a limpiar.

Para seguir leyendo, pincha aquí

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Casandra y los chistes. El viaje a ninguna parte

Cuando intento analizar sentencias como ésta, lo primero que se me viene la cabeza es cómo ha de funcionar para estos casos en la mente del juez el principio de intervención mínima que informa el derecho penal. Y como consecuencia de ello me planteo por qué sigue existiendo la Audiencia Nacional y si para esto va a quedar este órgano jurisdiccional de carácter especial que fue creado para la instrucción y enjuiciamiento de delitos especialmente graves.

Aunque estamos en donde estamos y en este país se suele intentar hacer gracia de casi todo, me remito a un anterior escrito aquí en el que dejo clara mi postura sobre comportamientos paralelos en redes, si bien entiendo que condenas como ésta, lo único que van a provocar y así lo estamos viendo, es la multiplicación conductas que, desde mi punto de vista, deberían carecer de relevancia penal alguna.

Lo que, desde luego, no concibo en aplicación del más elemental sentido común es que esta sentencia vaya a alcanzar firmeza. Es decir, entiendo que en su día será revocada para la tranquilidad de algunos y la seguridad de todos.

La humillación a las víctimas en redes. Entrada en vigor del tipo

El 578 del Código Penal entra en vigor mediante la reforma operada en la LO 07/2000 con una descripción genérica que castiga aquellos actos “que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos de terrorismo o de sus familiares”.

No es sino hasta la última reforma vigente a partir de julio de 2015 cuando se incluye indistintamente ésta y la otra conducta sancionada en el mismo artículo, la de enaltecimiento del terrorismo, mediante un nuevo segundo párrafo que agrava la pena por estos delitos cuando se produzcan mediante la difusión de mensajes en redes.

Anteriormente a esta última reforma, creo que no se había aplicado este precepto penal para sancionar conductas similares en redes sociales, a pesar de que ya la reforma del 2000 habilitaba para ello con la inclusión de la mención “por cualquier medio de expresión pública o difusión”.

Lo cual significa que este cambio obedece tan solo a una modificación en la política criminal que dirige el ejecutivo en aras a frenar este tipo de mensajes. ¿O se trata tan solo de reprenderlos?

La sentencia

La resolución de la sección cuarta de la Audiencia Nacional que condena a Casandra por sus mensajes en twiter, la sanciona por tuits que fueron publicados entre el 29 de noviembre de 2013 y el 16 de enero de 2016, si bien la inmensa mayoría de los mensajes se redactan antes de la entrada en vigor del segundo párrafo del 578 que agrava el tipo por la difusión en redes, es decir, previos a julio de 2015.

Lo más discutible de la sentencia, aparte del tangencial tratamiento que hace al caso concreto en cuanto a la intencionalidad real del autor, lo que a mi modo de ver puede incidir en la vulneración de la presunción de inocencia, es que no se pare a discriminar si es lógico que se equipare a cualquier víctima del terrorismo. Cuando además de tratarse de un personaje histórico de la dictadura, se alude a hechos que en el imaginario público, a pesar de su objetiva crueldad, han sido objeto no solo de celebración por la represión en la que vivía este país, sino de burla pública generalizada durante todos los años que han transcurrido desde su acaecimiento. Y el razonamiento anterior no vale sino para hacer ver la irrelevancia penal del hecho tal y como ha sido apreciado por una gran mayoría de la sociedad.

La instrucción y repercusión del caso

Puesto que de reprender se trataba, la Guardia Civil, siguiendo instrucciones expresas, comienza el rastreo de mensajes en twiter de modo aleatorio, hasta dar con una cabeza de turco anónima. Anónima hasta que se le imputa el delito, claro. Porque en sentencia se alude a los 4.478 seguidores de la cuenta de la investigada para incidir en la capacidad de convocatoria de la imputada. En este momento los mismos han subido a más de 23.000. Lo que significa que, por el cariz que está tomando este “evento judicial”, de aquí a nada, la Audiencia Nacional tendrá la posibilidad de abrir miles de diligencias previas por los miles de mensajes que se van sucediendo. Y ya no solo en redes, sino también en los medios de difusión, imitando una conducta que el conjunto de la sociedad sigue sin considerar delito.

Por mucho que, literalmente, la ley diga lo contrario y se empeñe en derivar estas causas a la Audiencia Nacional.

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Especialistas en delitos criminales

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Si hay algo que me asombra es la capacidad que tienen algunos para meterse en jardines. Claro que lo normal es que cualquiera opine de casi todo en un mundo en el que el portero ya hace mucho que pasó a conserje, el vendedor a gerente comercial y el licenciado raso a abogado o jurista.

Lo realmente agudo son las ocurrencias del personal, público y prensa en general, en esto que algunos han venido en llamar el derecho penal sin complejos. Sí, esas curiosas perlas que la peña va dejando caer ahí, como quien no quiere la cosa y que, por arte del realismo mágico de las redes y de la prensa poco o nada reflexiva, hacen que se vayan convirtiendo en verdades jurídicas auténticas burradas que carecen del menor sentido, no solo legal sino común.

Desde luego que a mí me podría ocurrir lo mismo si me pongo a pontificar sobre física cuántica o tuviera la desfachatez de discutir con un científico sobre los efectos del calentamiento global. Pero ocurre que al igual que otros, la vergüenza torera y la autoconsciencia de mis limitaciones cognitivas sobre temas en los que normalmente me manejo y forman parte de mi quehacer diario, me hacen pensármela dos veces antes de tirarme a la piscina.

Que conste que con esto no pretendo la censura. Libre allá cada cual de opinar lo que quiera, si bien para hacerlo más les valdría asesorarse y formarse un poco. La alternativa a esto es servirse de la ironía, ya que ésta pocas veces viene mal. Si a uno le apetece criticar decisiones judiciales y no le vienen argumentos jurídicos muy de peso, dándole al humor al menos así nos hace pasar un buen rato.  Aunque para usar la ironía también hace falta un mínimo de conocimiento. Porque si en el afán por titular se afirma, como así ocurre, que otro ha sido absuelto por el delito penal pero condenado por el delito civil, lo único que se estará dejando en evidencia es una supina ignorancia.

Publicar sin leer 

Para otros es difícil comprender lo lógico. Y lo razonable antes de criticar una resolución judicial es leérsela primero. En ocasiones incluso iría más allá, porque si hasta a los que comemos de esto nos resulta a veces complicado asimilar mentalmente los razonamientos de algunas resoluciones, si uno se limita a leer la parte dispositiva o el fallo y soltar lo primero que se le ocurre, lo más probable es que acabe metiendo la gamba. Y es que aunque a muchos les cueste creerlo, la inmensa mayoría de las resoluciones judiciales no solo es que estén correctamente motivadas, sino que además resuelven con acierto el conflicto que les toca.

No obstante, las redes y los medios están repletos de opiniones de aquellos que son incapaces de diferenciar un auto de una sentencia, que no han leído una resolución judicial en su vida y que lo más cerca que han estado de un juzgado es ante la pantalla del televisor viendo alguna serie o película americana. De la mayoría de las españolas ya es que ni hablo, porque cuando intentan recrear un juicio penal me parece lamentable lo evidente. Y es que salta a la vista que no han contado con el asesoramiento de un jurista.

La prisión preventiva o más bien su antagonista, la libertad provisional, suele ser últimamente el asunto más recurrente. Cierto que algunas son prácticamente inasumibles.

Los gurus de la política, las redes y los medios, van directamente a la yugular de cualquiera que no entre en el razonamiento de su postura ideológica, es decir, las circunstancias son para aquellos irrelevantes. Lo importante es a quién se tenga que atacar o defender según el personaje de la trama. Esgrimen sin conocer su alcance la presunción de inocencia cuando les conviene. Y si el sujeto les cae gordo o no responde a sus patrones, tras calificarlo de presunto, le dan el trato propio de un declarado ya culpable.

Derecho penal de risa  

Hay que reconocer que además de la ignorancia, todo este clima de crítica acéfala a las resoluciones judiciales viene favorecido por decisiones del legislador que colocan a la administración de justicia en una situación bastante deplorable. Porque si al principal problema que sufrimos, la falta de medios, unimos las perlas legislativas de las dos últimas legislaturas, en las que aparte de cargarse de un plumazo a 1500 jueces sustitutos en un país donde la ratio de juez por habitante es ridícula; la reducción del tiempo las instrucciones penales sin dotar de más medios sino todo lo contrario; la incapacidad del poder político de articular un sistema que garantice la independencia del Consejo de Gobierno del Poder Judicial y con ello la de sus más altos órganos jurisdiccionales y, ahora la próxima, que va a ser el paso de la dirección de la fase de investigación criminal a manos de los fiscales, sin tampoco añadir medios ni reformar el estatuto de la fiscalía, ello nos dibuja un panorama desolador.

En cualquier caso, siempre han existido y va a seguir habiendo “enteraos” que nos ilustrarán sobre homicidios imprudentes en grado de tentativa, violaciones sin penetración, premeditaciones tomadas sobre la marcha, delitos civiles y otras múltiples construcciones doctrinales de las que casi ningún penalista acaba todavía de enterarse.

Publicado en Derecho penal y redes

Derecho penal, redes y adefesios mentales

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Os adjunto link al último artículo publicado en lawandtrends en el que trato de analizar la conexión entre la libertad de expresión, su plasmación en redes sociales y la intervención mínima que ha de jugar el derecho penal en este ámbito.

Gracias por leerme

Podéis enlazar aquí.

Publicado en Delitos de Odio, Intervención Mínima, Libertad de expresión

El Compliance tras la comisión de delitos

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Os adjunto el último artículo que me han publicado en la revista jurídica lawandtrends.com. En él trato las consecuencias que puede acarrear para una organización empresarial el no tener implantado un sistema de prevención de delitos eficaz cuando se detecta un ilícito penal en la misma. Pero sobre todo se hace ver la posibilidad de reacción que tiene la empresa para contrarrestar esas consecuencias poniéndose a trabajar en el diseño y ejecución de un sistema de Compliance. Lo que he venido en llamar el Compliance penal a posteriori.

Podéis enlazar al artículo pinchando el siguiente link aquí.

Gracias a todos por seguirme.

Publicado en Compliance, Responsabilidad Penal Empresas | Etiquetado

Rita Maestre sí, Rita Maestre no

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Curioso que cuando un proceso judicial se mediatiza por un asunto que tiene que ver o no con la libertad de expresión, al final lo que quedan son las manifestaciones públicas de solidaridad o reprobación hacia el personaje central de la trama o suceso que se juzga. Como si lo de menos fuese el hecho en sí y lo realmente relevante la persona cuya ¿moral? se pone en duda. Al fin y al cabo ello no es sino fruto del maniqueísmo imperante en el que culturalmente nos movemos, educamos y ¿avanzamos?.

Precisamente esto es lo que intentan evitar nuestros tribunales. De hecho, la Sentencia de la sección decimosexta de la Audiencia Provincial de Madrid que acaba absolviendo a la condenada en la instancia, aquí, a lo largo de su texto incide sobre la transcendencia mediática del suceso, que no ha de nublar el ánimo de una decisión que por su carácter técnico, ha de ser meditada y fundada exclusivamente en derecho, “dentro del más absoluto respeto a las distintas posiciones, todas ellas legítimas de las  partes en conflicto”.

Esto es lo que me propongo hacer al comentar la sentencia. Vaya por delante que, personalmente, tengo la absoluta convicción personal de que las religiones han sido históricamente y continúan siendo, básicamente, expresiones de poder que, inspiradas en el sentimiento de miedo y de tendencia a explicar lo inexplicable para el ser humano, lastran el proceso para una auténtica libertad individual y para el progreso de las civilizaciones. Otra cosa serían las creencias personales. Todo lo cual, me tendría que situar en un plano de conformidad con el resultado de la sentencia. O tampoco. Soy jurista, que le vamos a hacer.

Descripción del tipo y bienes jurídicos 

El 524 del C. Penal sanciona a quien “en templo, lugar destinado al culto o en ceremonias religiosas ejecutare actos de profanación en ofensa de los sentimientos religiosos legalmente tutelados”. Y en la propia sentencia se expone y explica con claridad que a) Debe ejecutarse un acto de profanación b) Dicho acto debe ser ejecutado en templo o lugar destinado a culto o en ceremonias religiosas, y c) Dicho acto debe llevarse a cabo con intención de ofender y debe además ofender los sentimientos religiosos.

Sobre los dos últimos, si bien se expone que no se estaba realizando ninguna ceremonia, sí había personas rezando en el interior del recinto que sí se sentirían ofendidas. Y en cuanto a si la intención era la de ofensa, no se entra en la misma porque el tribunal, sin explicarlo a mi juicio, entiende que no hubo profanación. Se limita la resolución a exponer comparativamente con otros supuestos que ”en todos ellos, como vemos, se reflejan situaciones o actos físicos de claro contenido profanador en la medida en que implican un trato directo vejatorio, físicamente violento, contra algún elemento básico de la liturgia católica o de las representaciones propias de esta religión”.   

Solución absolutoria

Para fundamentar la absolución, al igual que ocurre a veces en otras resoluciones judiciales, y ahí cada cual podrá valorar si la sentencia es o no justa, es decir, no ajustada o no a derecho, sino justa, el tribunal finalmente acaba apartándose de los hechos concretos pero tampoco, para hacer una comparativa con otros supuestos en los que sí se ha condenado por profanación. Y llega a la conclusión de que al tratarse aquellos de acontecimientos mucho más graves que en este caso, en el que además ha existido una manifestación privada y pública de disculpa, puesto que no puede condenarse por una falta o delito leve al no haber mediado reclamación civil, procede la estimación del recurso.

Para ver si existió o no profanación, más que a la jurisprudencia, que obviamente resulta muy recomendable, sobre todo cuando ésta no deja perfectamente claro un concepto, basta ir a lo que dice la RAE, “tratamiento ultrajante o irrespetuoso que se hace de algo que se considera sagrado o digno de respeto”.

También ahí, cada cual valorará si conforme a los hechos declarados como probados en la sentencia que, como se puede ver leyendo los mismos, incluye un manifiesto con todos sus avíos por decir algo, existe o no tratamiento ultrajante o irrespetuoso.

Conclusión

Lo dicho. Se podrá estar de acuerdo o no con que se trate de una sentencia justa. Pero cuando los hechos enjuiciados coinciden con las conductas descritas en el tipo penal …

 

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El empresario sin Compliance Penal

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Os invito a leer el último artículo sobre Compliance que he escrito, publicado en la revista Law and Trends aquí

Asimismo aprovecho la ocasión para convocaros a los que podáis asistir el próximo día 17 de noviembre (jueves), 9,30 h al Palacio de Congresos de Marbella, en donde tendremos un encuentro con empresarios para hablar de Compliance de la mano de Fideso y Garberí Penal.

Link a la convocatoria del evento 

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