La aspiración viene de lejos y autorizadas voces dentro de la carrera fiscal  solicitan algo que en otros países es moneda común. Vamos, que no se trata de una simple ocurrencia como la de cierto partido político que, de repente y cara a elecciones, para pillar no se sabe bien qué votos y desde la simple ignorancia, solicita la supresión del Consejo General del Poder Judicial y su sustitución por un órgano bicéfalo.

Pero para que los fiscales pudieran instruir las causas penales, mucho tendría que cambiar, a mi modesto juicio, en el procedimiento y, sobre todo, en la regulación de tan relevante figura en nuestro sistema penal ya que, como en muchas otras cosas, España es diferente. Y en este caso no lo es por las garantías, que se asemejan bastante a la de cualquier otro país civilizado de nuestro entorno, sino a las consabidas características del proceso y a la configuración legal de la Fiscalía dentro del propio estatuto que la regula. Para seguir leyendo (Aqui)

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