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En un blog como éste que básicamente trata de garantías procesales y, más recientemente, de cumplimiento normativo, no podía dejar al margen una rama del derecho penal que, aunque en pañales, merecería tener una relevancia de la que carece. Para todos esos “raros” que además del derecho penal nos interesamos por la criminología, existe una parte de la llamada Victimología que se dedica a la responsabilidad que debería asumir el estado en la indemnización de las víctimas cuando falló en su deber de protegerlas.

El asunto les podría sonar a música celestial, de hecho así es, a los encargados de administrar el presupuesto público. Pero en casos como éste, lo que no se debería tolerar es que después de más de 50 años se siga ninguneando a unas personas condenadas antes de nacer. Más que nada porque a los afectados, como ellos dicen, nadie les preguntó si querían nacer sin brazos, sin piernas o deformes. Y este atentado farmacológico le podría haber afectado a cualquiera. A mí desde luego si llego a ser concebido unos meses antes o ni tan siquiera eso. Tan solo que mi madre hubiera tenido la lógica idea de ir a la farmacia a comprar unas pastillas para prevenir el mareo mientras duraba mi gestación.

Una breve reseña histórica

Entre 1959 y 1961 nacieron en Alemania más de tres mil niños con malformaciones en los miembros producto de la ingesta de un medicamento tranquilizante, denominado en Alemania Contergan, cuyo componente activo fundamental era la talidomida y que fue recetado entre 1957 y 1961 a mujeres gestantes que posteriormente dieron a luz niños con graves malformaciones.

Con la ingestión de estos tranquilizantes se determinaba, al parecer, la producción de abortos o graves daños en los sistemas óseo y nervioso de los recién nacidos que morían al poco tiempo de nacer o si sobrevivían, quedaban con las taras a las que, de modo genérico, he hecho referencia.

Cuando se confirmaron las malformaciones en los fetos que, de sobrevivir, lo hicieron con secuelas irreversibles en manos y pies, se retiró el fármaco alemán en doce días. La falta de una autoridad central europea y de unas redes sociales que, aparte del postureo de algunos pocos nos sirve hoy en día a muchos para denunciar lo que se hace mal, hizo que transcurrieran seis meses más antes que se diera la orden en España y es posible que algunos años hasta que dejara de administrarse el medicamento.

En 1972, se creó la fundación pública alemana Contergan, para atender a las víctimas (aquí), que dice haber distribuido más de 600.000.000 €, 108 aportados por la empresa distribuidora del medicamento entre 1972 y 2009.

El caso Contergan

Como en los años 60, además de la transparencia, las redes sociales y el Compliance (aquí), brillaban por su ausencia y la empresa farmacéutica alemana «Grunenthal» era y de hecho sigue siendo un gigante, esta sociedad, a pesar de ser sometida a juicio penal, en Sentencia (Ver comentario (aquí), pese a que quedaba claro que los directivos de Grünenthal fueron los responsables de miles de muertes de bebés en todo el mundo que no alcanzaron las primeras semanas de vida porque les afectó gravemente el corazón y el cerebro, así como que otros miles aún vivos carezcan de brazos y piernas, se llegó a un acuerdo indemnizatorio por el que aquellos se libraron de la cárcel y pagaron a los padres de las víctimas alemanas. Ni que decir tiene que dicho acuerdo dejó fuera de esa causa a los afectados españoles y de otros países.

El Tribunal de Aquisgrán que juzgó el caso se planteó principalmente la cuestión de si la Talidomida era apta en general para causar trastornos nerviosos y deformaciones. Los peritos se pronunciaron de diferentes maneras, pero aunque el tribunal se convenció de que encontraba probada la causalidad, se contentó a las víctimas con el reparto de indemnizaciones y pensiones vitalicias en un fondo por valor de 114 milllones de marcos.

AVITE en España

Entre junio de 1959 y enero de 1963 se autorizaron y distribuyeron en España un total de 10 productos farmacéuticos con diferentes denominaciones que por la falta de información e intereses de la época dejó a los afectados sin la posibilidad de luchar por sus derechos. De hecho, AVITE, Asociación de Víctimas de la Talidomida de España (aquí), no se crea hasta 2004, gracias a la curiosidad y el empeño de unos cuantos afectados que, pese a las historias macabeas acerca de sus limitaciones que les habían contado desde pequeños, confirman sus sospechas de que los defectos que arrastraban de nacimiento en sus extremidades eran consecuencia del consumo de talidomida por parte de sus madres gestantes.

Entonces empiezan a activarse en los medios y, más tarde en redes sociales (aquí) y logran desembocar su actividad reivindicativa en una acción judicial que, aunque en principio les otorga una indemnización a cargo de la sociedad distribuidora de los medicamentos, Grünenthal Pharma SA., finalmente es rechazada por la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 20.10.2015, que confirmando el fallo de la Audiencia Provincial de Madrid, les deniega el derecho a ser indemnizados por aplicación de la prescripción (Aquí).

La empresa demandada difundió un comunicado en el que indicaba que no se habían probado las alegaciones de los demandantes. Reiteraba que todos los afectados siguen teniendo derecho a recibir los mismos beneficios de la Fundación Contergan, que concede pensiones vitalicias a todas las víctimas de productos con talidomida de Grünenthal, o sus distribuidores, y que la decisión sobre las ayudas que se conceden la toma un comité experto independiente nombrado por la Fundación, que depende únicamente del Gobierno alemán.

Paralelamente y desde su creación, AVITE lo ha intentado todo con los sucesivos gobiernos de España, siendo lo máximo que consiguieron la emisión del Real Decreto 1006/2010 de 5 de agosto (aquí), que a lo que tan solo contribuyó fue al reconocimiento oficial de 23 personas afectadas a las que se otorgaba una ayuda solidaria, ni siquiera indemnizaciones o pensiones.

Conclusión

A todos esos paladines de la justicia defensores a ultranza del endurecimiento de las penas, la instauración de la prisión permanente y demás gaitas que de poco, en la mayoría de los casos, o de nada sirven, ya les pediría que en vez de gastar energías en eso se preocupasen de que, al igual que el genocidio no tiene fecha de caducidad penal, lucháramos todos contra la prescripción, tanto penal como civil de este tipo de conductas delictivas que, de momento, ha dejado con un palmo de narices a estas personas que nacieron condenadas de por vida.

Y es que lo dicen ellos y muy bien, lo que no debería prescribir es la ética.

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