El ying y el yang del derecho penal

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Os invito a leer el último artículo sobre derecho penal y Compliance que he escrito con mi compañero y amigo, Alex Garberí, publicado en la revista Law and Trends (Aquí)

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Derecho procesal básico y Compliance

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Como el lunes tengo declaraciones en un asunto de responsabilidad penal de empresas en el que, por cierto, voy por el querellante, acudo a mi maestro, el fiscal de la AP. de A Coruña, Juan Antonio Frago, a ver que me cuenta hoy en su blog.

La primera impresión que vamos teniendo los que estudiamos esto del cumplimiento normativo en las empresas es la de cierta improvisación que se opera en el campo judicial fruto del inicial desconocimiento ante lo nuevo. Y es que en el mundo jurídico, cuando cambian las normas, es decir, últimamente cada dos por tres, a menos que estés muy implicado en una materia como es mi caso con esta rama nueva del derecho penal, se tiende a aplicar la rutina con los riesgos que ello acarrea. Pero no olvidemos que siempre va a haber alguien por supuesto más preparado que tú, pero sobre todo más atento a las modificaciones normativas que, si no lo prevés, te va a dar sopas con onda. Nos ha ocurrido a todos alguna vez. Sabemos de qué hablo.

Por lo demás, el que quiera aprender del tema, que visite el blog de marras aquí y, por ejemplo, a raíz de la lectura del último post sobre Compliance que escribe Frago, reflexione sobre un tema capital en esta materia: qué se entiende por incumplimiento grave de los deberes de supervisión, vigilancia y control de parte del empresario y, sobre todo, cómo acreditar que la empresa, por el contrario, cumple con ello. Porque el artículo 31 bis del Código Penal es muy claro sobre a quién incumbe en este tema la carga de la prueba.

El derecho de contradicción  

Nadie podrá ser imputado sin ser oído ni sin que se le dé la oportunidad de defenderse aportando pruebas y participando en la instrucción. Principio básico en nuestro derecho. En materia de responsabilidad penal de la persona jurídica ha de tenerse especialmente en cuenta. Y no solo por una simple cuestión de evidencia más que elocuente. Nuestras normas procesales habilitan una serie de pasos ad hoc que garantizan que el derecho de defensa pueda ejercerse eficazmente.

Por lo que si estamos ante un supuesto de responsabilidad penal de empresas, habrá que cuidar que éstas sean llamadas debidamente y a tiempo al proceso. Si esa responsabilidad resulta que no se presume sino después de las primeras investigaciones, habrá que procurar su llamada para que puedan defenderse en la fase de instrucción. Hacer un escrito de acusación contra una empresa cuando los únicos que han declarado y participado en la instrucción son su administrador y/o empleado, investigados en calidad de tales y no como representantes legales de la empresa a los que se hubiera citado y emplazado para la defensa de la misma, es como dar palos al agua. Esto, que parece de perogrullo, ya ha dado lugar a absoluciones penales de personas jurídicas. Alguna ha llegado al Tribunal Supremo y hay sentencia (Aquí).

Representaciones, citaciones y emplazamientos

A los administradores de las sociedades, a los que en no pocas ocasiones e incluso diría que en prácticamente todas, se le va a exigir responsabilidad penal, habrá que citarles para que acudan a declarar personalmente en calidad de investigados, por supuesto, con asistencia de letrado.

En cuanto a las personas jurídicas, tendrán que ser citadas en sus domicilios sociales. En las citaciones se les requerirá para que designen a un representante, así como abogado y Procurador, siéndoles nombrados de oficio en el supuesto que no lo hicieren (art. 119 a LECrim.) y dándose por notificado el procurador de todos los actos de comunicación posteriores, incluidos aquellos a los que la ley otorgue carácter personal (art. 119 d). En caso de inasistencia del representante al acto de toma de declaración, determinará la práctica de la misma con el abogado de la entidad (119 b), entendiéndose que se acoge a su derecho a no declarar (art. 409 bis). En los casos en que exista domicilio social conocido de las personas jurídicas, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 839 bis, no será necesario practicar ninguna requisitoria. Solamente tendrá que requisitoriarse  cuando no haya sido posible la citación para el acto de primera comparecencia por falta de ese domicilio social conocido, con un plazo transcurrido el cual se la declarará rebelde, continuando los trámites procesales hasta su conclusión.

Resumiendo

Si después de la redacción de una querella en la que en el cuerpo de la misma explicas, y en el suplico detallas a quien denuncias, a quienes se tiene que citar y emplazar, cómo, porqué y, no te limitas a citar artículos, sino que te explayas para que todo se haga correctamente, pero resulta que hay que repetirlo en otro escrito porque llegado el día, lo único que se ha hecho es acudir al domicilio de la empresa y entregar la copia de la querella al currito de turno sin más, no desesperes. Al fin y al cabo y aunque iura novit curia, ya sabes que non semper ita est, porque además es imposible. Y en todo caso, como el que redacta la diligencia de ordenación o la providencia de turno para ello en más de una ocasión es el oficial de turno, pues para qué ofuscarse. Te plantas en el juzgado una vez más que, con suerte, si todo se ha hecho bien, no habrá próxima para lo mismo.

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Sociópatas al poder

Tío Gilito

Los que vestimos de negro en los juzgados andamos suspirando estas fechas por aparcar nuestras togas durante un mes aprovechando el cierre del kiosko judicial. Y en éstas que ando para liberar mi mente de pleitos, querellas, juzgados y comisarías, de lo que no puedo abstraerme, por eso este post veraniego, es de la idea de qué habremos hecho tan mal para estar como estamos. Y ya no se trata de la brutal crisis económica en la que vivimos. Sino de la que se nos puede venir encima a menos que nos dé por utilizar la cabeza, remedio éste que si observamos la historia, no es que haya sido un recurso demasiado frecuentado por la humanidad.

Los delitos de odio

Nuestros sistemas penales se esfuerzan cada vez más por tipificar conductas que nos han llevado históricamente a desastres.

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¿Por qué debe implantar un Sistema de Prevención de Delitos en una PYME?

Time for Compliance

Como continuación a nuestro último estudio sobre este asunto, el Compliance Penal, al ser algo nuevo, no es previsible ni contemplable para la mayoría de empresarios. Para empezar, por una simple cuestión de desconocimiento. Pero es que además, tal y como está el patio, ¿cómo hacer ver a una pequeña o mediana empresa, que tiene que realizar una nueva inversión cuyo fin es la prevención de delitos?

Si bien el último fin del Compliance es la prevención de delitos, – me remito al último post que publiqué aquí -, las consecuencias y otros fines del cumplimiento normativo, podemos analizarlas en éste. Como recordatorio, añadiría que las penas contempladas en el Código Penal para las empresas condenadas van desde cuantiosas multas hasta otras que pueden llegar a la disolución o a la intervención judicial de la compañía.

Costes

Efectivamente el sistema de prevención de delitos de una empresa supone un coste económico importante, si bien el Código Penal rebaja o adapta las exigencias que ha de tener el mismo para las sociedades con una cuenta de pérdidas y ganancias abreviada. Por ejemplo, no necesitan nombrar un compliance officer (oficial de cumplimiento) y las funciones de supervisión puede desempeñarlas el propio órgano de administración. Además, será más sencillo de elaborar y, por ende, mucho más económico para una empresa de pequeñas dimensiones que para una gran compañía.

Una crítica habitual es que el supuesto coste de un programa de Compliance no se amortiza, que bloquea recursos internos y aumenta la burocracia. La alternativa a esto es clara. Si piensa que el Compliance es caro y engorroso, pruebe sin ello. Solo teniendo en cuenta el impacto de una infracción y un proceso penal en la organización y el elevado daño reputacional que puede producir, los costes de un programa de Compliance no sólo se amortizan, sino que en muchos casos pueden mejorar los procesos internos de la compañía y suponer un ahorro de costes y, por tanto, una ventaja competitiva.

Los riesgos penales, otros fines del Compliance y la reputación de la empresa

Pero las mayores reticencias a la hora de implantar un sistema eficaz de prevención de delitos ya no se hayan solo en los costes que ello supone, sino en el planteamiento erróneo del empresario al concluir la ausencia de riesgos penales en su propia empresa.

Resulta cuanto menos llamativo que algunas pequeñas y medianas empresas que cuentan en su organigrama funcional con agentes comerciales sin sueldo o con salarios de risa y a comisión, no se planteen que muchos de estos agentes, a las primeras de cambio pueden resultar sobornados o estafar a los clientes o proveedores de la propia compañía. También existen por regla general algunos que ante el desconocimiento en materias de seguridad informática, obvian los daños que se pueden producir en los equipos que, en ocasiones, afectarían a terceros, cuando no ocasionar trasvases de información confidencial. Ambas conductas están tipificadas en nuestro Código Penal y por ellas puede resultar condenada una persona jurídica.

Qué decir de los manejos incontrolados de los sistemas de cobro mediante tarjetas, la ausencia de un mecanismo para detectar las actividades delictivas de algún cliente en un establecimiento hotelero, la cantidad de diligencias penales que se están abriendo contra empresas de ocio en materia de ruidos por delitos contra el medio ambiente o las infracciones en materia de alimentos que en no pocas ocasiones derivan en diligencias penales por delitos contra la salud pública.

¿Sabía, por ejemplo, que si en un hotel hay un cliente que trafica con seres humanos y en dicho establecimiento no existe un sistema de prevención penal instaurado eficazmente, a la empresa se le puede condenar por su actividad de alojamiento?

En los medios se habla de grandes estafas, blanqueos de capitales en masa, tráfico de influencias y financiación ilegal de partidos políticos. Pero a raíz de la entrada en vigor el pasado verano de 2015 del sistema de Compliance en las empresas para evitar delitos de esta naturaleza, fundamentalmente económicos, pero también contra el medio ambiente, contra la intimidad y contra la salud pública, se empiezan a abrir diligencias penales contra cualquier sociedad. Y en breve, empezará a ver estas noticias, si es que no le suena ya alguna. ¿Se imagina el impacto que esto puede causar en su organización?

Pues el Compliance, lo que pretende, más allá de minimizar la existencia de delitos en la empresa, es proteger al mercado creando un sistema de vigilancia y control. Estableciendo una serie de protocolos que cuando se pongan en marcha, detectarán una serie de fallos que se documentarán y servirán en un futuro, cuando se plantee una situación conflictiva, para demostrar que la conducta delictiva se ha cometido por un particular saltándose los filtros de los que disponía la empresa, lo que dará con la exoneración de la responsabilidad penal de la compañía. Pero es que a este dato, no exento de gran importancia, se le habrá de unir que, creando estos sistemas, la empresa se verá fortalecida en su reputación, con lo que ello significa a nivel competitivo.

Las empresas grandes que necesitan a las pequeñas y medianas para subcontratar y para aprovisionarse, ya tienen estos sistemas de Compliance y se los están exigiendo a éstas antes de firmar con ellas. No hablemos ya de las internacionales, sobre todo las que proceden de la CEE y, especialmente, del mundo anglosajón. Y si pretende contratar en un futuro con la administración, no dude que se lo van a exigir. Existe una directiva comunitaria que, si bien no ha sido aún transpuesta a nuestro ordenamiento interno, – no somos los más rápidos del oeste -, es cuestión de meses.

Conclusión

La responsabilidad de la persona jurídica es acumulativa a la de las personas físicas. Puede y, de hecho ocurre, que una o varias personas cometan el delito en nombre o por cuenta y en beneficio de la persona jurídica. Pero no hace falta que persigan el beneficio de la compañía ya que suele suceder que persigan el suyo propio y que el de la persona jurídica sea secundario o indirecto.

No espere a ver noticias de condenas a pequeñas y medianas empresas en los medios. Cuando en el titular aparezca el nombre de la suya, ya no tendrá remedio.

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Agresiones y abusos en dependencias policiales

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Pasa que como en esta sociedad maniquea en donde te etiquetan de rojo o azul a las primeras de cambio, lo suyo es seguir dogmas de fe, es decir, tragarte lo que te venden a ciegas y, a poder ser, no mojarte ni dentro del agua, asumo que esto puede traer cola, si bien no es mi intención.

Lo que nos resulta lamentable comprobar, tanto al que escribe como a muchos profesionales que nos dedicamos a esto del penal, es que alguno se extralimite. Vamos, que al detenido le den de hostias o, “simplemente”, se le coaccione.

Para los que creen que al ver un policía enseguida le adivino los cuernos encima de la cabeza, el rabo largo en el trasero y el tridente en la mano izquierda, les pediría que se relajen. Que no. Que ni pienso que se trata de una práctica habitual y que como en todos lados existen profesionales y aficionados con papeles. Y es más … 

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Compliance Penal para dummies

Conquering Compliance

Me preguntaba hace rato un compañero con una vasta cultura jurídica en qué consistía esto del Compilance. Sí, me recomponía el término a su antojo para señalar el hartazgo de esa manía que tenemos de emplear anglicismos para casi todo. Como un sistema para complicar cosas ya difíciles de por sí y otras no tan complejas de explicar si utilizásemos un lenguaje, primero en nuestro idioma y después, más llano y accesible al común de los mortales.

He de reconocer que contestarle con un post de esta guisa, lo digo por el título, no es muy de recibo. Pero aún a riesgo de que me envíe a pastar, aclararé, aunque él lo sabe, que entendemos por dummie todo aquél que no está familiarizado con algo. Por lo que trataré en la medida de lo posible explicar de manera clara y rápida en qué consiste el Compliance.

Y es que, aunque no es la primera vez que escribo de ello (1, 2, 3 y 4), se hace más necesario hacer ver de qué va algo que por más que se emplee un término raro, su significado no es ni más ni menos que algo tan simple como crear un sistema para hacer cumplir las normas. De hecho Compliance se traduce literalmente como cumplimento normativo.

El cumplimiento normativo o Compliance

Desde que se ha introducido en nuestro Código Penal la responsabilidad penal para las empresas heredando así la forma de funcionar de los países de nuestro entorno más cercano, existe la preocupación de las mismas por adaptar su estructura a unos niveles éticos que les impida caer en la infracción de las normas penales. Obviamente modelos de conducta similares ya eran exigibles desde hace algún tiempo mediante normas que, fuera del Código Penal, obligan a las empresas, por ejemplo, a disponer de sistemas de prevención de riesgos laborales, de cumplimiento fiscal o de mecanismos de protección de datos personales.

La innovación con respecto a los demás grupos de normas extrapenales, además de partir de la base de que la empresa es utilizada en muchas ocasiones para cometer delitos, que es lo que se pretende evitar, viene del hecho de que el propio Código Penal, en su última reforma, establece un mecanismo para las empresas mediante el cual, implantando en sus organizaciones sistemas de cumplimiento normativo penal, éstas pueden anular o atenuar su responsabilidad.

Fines del Compliance Penal

  • Actúa como atenuante o eximente de la responsabilidad penal de las empresas en el supuesto de que sean llamadas a juicio.
  • Constituye un conjunto de buenas prácticas que favorecen el entorno empresarial.
  • Previene el riesgo reputacional de cualquier hecho susceptible de generar responsabilidad penal para la empresa, sus empleados o administradores.
  • Es prácticamente obligatorio para cualquier empresa que funcione a nivel internacional con otras sociedades de nuestro entorno e incluso para las que operan con empresas españolas de primer orden.
  • En un futuro inmediato y por ley será imperativo para cualquier empresa que pretenda contratar con el sector público y/o sectores especialmente regulados (farmacéutico, químico, construcción, salud, cualquiera relacionada con el medio ambiente, etc)

Riesgos de la no implementación de sistema de Compliance Penal

  1. Multas de hasta 9 millones de €.
  2. Cierre de la empresa.
  3. Prohibición o suspensión de realizar actividades.
  4. Clausura de locales o establecimientos.
  5. Inhabilitación para obtener subvenciones o ayudas públicas, contratar con el sector público u obtener beneficios fiscales o de la seguridad social.

En qué consiste un buen sistema de Compliance Penal. Fases de implantación.

1º) Análisis de Riesgos específicos, mediante la elaboración de un mapa de los mismos en base a la actividad, dimensión y volumen de negocio de la empresa: Se hace mediante la cumplimentación conjunta de formularios entre la empresa y el prestador del servicio, así como de entrevistas, inspección de las instalaciones y revisión de la documentación de la empresa. Ello dará un diagnóstico mediante el cual se verificará la situación actual de la empresa en materia de cumplimiento normativo.

2º) Informe de Resultados y Recomendaciones, que dará lugar a la priorización de una serie de medidas y el diseño de un Programa de cumplimiento normativo con dotación presupuestaria ad hoc, en el que se incluirá la elaboración de un Código de Conducta, de unas políticas específicas y un Canal Ético, además de un plan de formación y capacitación de los empleados.

3º) Auditoría del sistema e implementación de mejoras, mediante acciones que van desde la revisión periódica del programa, hasta la Comunicación permanente y el establecimiento de canales de denuncia internos.

¿Por qué no tienen todas las empresas instaurado un sistema de Compliance Penal?

Pues sencillamente porque se trata de algo nuevo que nace con la última reforma del Código Penal; no es obligatorio aunque sí muy recomendable para favorecer la reputación y el buen nombre de la empresa a la hora de contratar con terceros y porque ello implica la asunción de nuevos costes para las organizaciones que, hasta que no palpen la verdadera utilidad de estos sistemas, en un momento de crisis como ahora, no van a dotar presupuesto para este fin. Ya las grandes empresas y las que contratan con éstas y con el exterior lo están haciendo.

Para las demás, es cuestión de tiempo.

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Paraísos fiscales, blanqueo y prisión

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Como resulta que escuchar a algunos hablar de paraísos fiscales me produce vergüenza ajena, convendría dar un pequeño repaso a conceptos (aquí) que, aunque aparentemente complejos, explican realidades que, si bien asimismo intrincadas por encerrar operaciones de ingeniería financiera en la mayoría de los casos, responden a un mecanismo muy viejo. Lo explicaban muy bien Plauto y Moliere en dos de sus mejores obras. Y no es otra cosa que la avaricia unida a la insolidaridad que se halla ínsita en la cualidad de determinados seres que, no contentos con crear riqueza, unos de manera legal y otros delinquiendo, se dedican a atesorarla con el único fin de mantenerla a recaudo propio.

Pero puesto que el avaro moderno normalmente atesora para gastar a manos llenas, es aquí en donde el truco no consiste en defraudar, que también, sino en ocultar. Porque no nos engañemos. Lo realmente importante de estos reinos de la estafa social reside en esconder. Y ahí el término inglés, tax haven (refugio o guarida fiscal), aunque también inicialmente confuso, nos da una idea más aproximada del fin al que están destinados estos espacios repartidos a lo largo y ancho de todo el globo terráqueo.Para seguir leyendo, aquí.

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Derechos de defensa básicos del acusado en juicio ¿Nos ponemos a ello?

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Hoy no vamos a hablar de aquellos por todos asumidos y que ya están en la mente de cualquiera. Sí de cuestiones que, aunque alcanzan al más elemental sentido común, todavía no han sido puestas en la práctica sino por una ínfima minoría de nuestros juzgados y tribunales. Y es que se trata tan solo de eso, de vencer la anquilosada inercia de nuestras costumbres procesales para hacer valer el derecho de defensa que anda por esto un tanto tocado.

Cada vez que me pongo la toga, sigo sin entender el por qué el acusado declara el primero en el juicio en vez del último y cómo es que no se sienta al lado de su letrado, cosa que ya ocurre, por ejemplo, en el juicio por jurado popular ex lege y también, hay que decirlo, en algunos juzgados de lo penal regentados por magistrados con iniciativa.

En lo que se refiere a la colocación del acusado, me remito al post de mi estimado compañero, Miguel Angel Montoya, aquí, para que tras su lectura me podáis confirmar si es o no baladí el poder tener comunicación con tu cliente en el momento cumbre de su defensa: el juicio oral

Animal de costumbres

No sé quién lo dijo primero. Pero si en la vida diaria, determinados aspectos del comportamiento humano son altamente predecibles si atendemos a los usos diarios, en el foro nos comportamos por norma como extraterrestres a los ojos de cualquiera que se acerque a contemplarnos. Pareciera como si hablásemos en otro idioma, -palabros y frases irrespirables-, a veces poco accesible para el resto de los mortales y entramos en una serie de contradicciones comunes que cualquier ser pensante capta a las primeras de cambio.

Hay veces que hasta que uno no se halla entre la espada y la pared, no se pone a discurrir en lo que la mayoría ya tiene asumido. Y es entonces cuando, buscando inútilmente entre jurisprudencia, acabo tirando de artículos frescos de personas que, insisto, con algo de iniciativa, vienen a demostrarte que no hay porqué cuestionarse evidencias. O sí? Veis si somos raros.

Me ocurrió en un juicio ante jurado en el que por la complejidad del asunto, me pregunté una vez más, pero esta vez con la intención de cambiar la costumbre, el por qué mi cliente debía declarar el primero y no el último. Y hete aquí que mi compañera, Clara Martínez Nogués, a la que en alguna ocasión he animado a que reanude su labor divulgadora, ya había analizado la cuestión (aquí). Después de estudiar el asunto con la inestimable ayuda que me había proporcionado Clara, el resultado fue el de esperar. Y es que el magistrado de turno, a quien conozco y profeso un gran respeto, cuando le propuse tan heterodoxa idea, se me quedó mirando con cara de haba y resolvió a la común usanza.

Garantías adulteradas

¿Por qué si nuestra decrépita Ley de Enjuiciamiento Criminal no dice nada acerca del orden de las declaraciones en juicio, el acusado tiene que declarar el primero en contra de lo que es una garantía procesal penal aceptada de que el último en proponer pruebas es el abogado de la defensa? ¿Es que acaso se considera el interrogatorio del acusado como prueba de la acusación y por eso lo propone el fiscal al inicio del juicio? ¿O cómo va esto?

No se trata sino de una arraigada costumbre. Y aparte de enraizada es absurda. Porque si resulta que el acusado tiene derecho a no declarar contra sí mismo y contestar a las preguntas que quiera, lo lógico es que tome esa decisión después de haber escuchado a todos los testigos y peritos, y no al revés. ¿Qué eso le da una posición de ventaja en el juicio? Oiga, es que para eso se inventaron las garantías penales en el proceso. Y ya no es que estemos hablando de ventajas. Es que lo contrario le coloca en mengua con respecto a la acusación.

Y pretenderán algunos, claro, arreglarlo con el derecho a la última palabra. En donde ni existe contradicción, el acusado cuando usa de él se pega un monólogo, inarticulado la mayoría de las veces ante tanta información vertida en la vista oral y que de lo único que sirve es de soliloquio intranscendente, preámbulo inútil del consabido visto para sentencia.

Ya no se trata de inventar la rueda que tiene un rato, ni de esperar a que las leyes nos den la razón a impulsos de guantazos del TEDH (aquí). Pero qué tal si animásemos a nuestro Consejo General y Colegios Provinciales a tratar estos temas con las Audiencias para conseguir lo que en parte de Barcelona, que me conste, ya es una realidad.

Porque si no, nos pueden dar las uvas

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Nueva Sentencia sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Cuestiones procesales.

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Recién alumbrada la STS 16.03.2016 que analiza un supuesto de responsabilidad al amparo del artículo 31 bis del Código Penal, hoy no vamos a hablar de Compliance o cumplimiento normativo. No toca tras la lectura de la misma. Sí de garantías procesales básicas.

La referida sentencia analiza un supuesto de estafa cometido por el representante de una agencia inmobiliaria que, de manera fraudulenta, cobra comisiones en una operación de compraventa ocultando dicho pago al vendedor y alterando los precios de venta que se fijaban, primero en el documento privado y, después en la elevación a escritura pública de la operación. El agente y a la vez representante resulta condenado. La sociedad, originariamente condenada por la Audiencia Provincial, es absuelta en casación, puesto que no resultó formalmente imputada sino hasta el preciso instante en el que el fiscal redacta su escrito de acusación. 

Si queréis seguir leyendo (aquí)

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Víctimas de la talidomida. La ética no debería prescribir.

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En un blog como éste que básicamente trata de garantías procesales y, más recientemente, de cumplimiento normativo, no podía dejar al margen una rama del derecho penal que, aunque en pañales, merecería tener una relevancia de la que carece. Para todos esos “raros” que además del derecho penal nos interesamos por la criminología, existe una parte de la llamada Victimología que se dedica a la responsabilidad que debería asumir el estado en la indemnización de las víctimas cuando falló en su deber de protegerlas.

El asunto les podría sonar a música celestial, de hecho así es, a los encargados de administrar el presupuesto público. Pero en casos como éste, lo que no se debería tolerar es que después de más de 50 años se siga ninguneando a unas personas condenadas antes de nacer. Más que nada porque a los afectados, como ellos dicen, nadie les preguntó si querían nacer sin brazos, sin piernas o deformes. Y este atentado farmacológico le podría haber afectado a cualquiera. A mí desde luego si llego a ser concebido unos meses antes o ni tan siquiera eso. Tan solo que mi madre hubiera tenido la lógica idea de ir a la farmacia a comprar unas pastillas para prevenir el mareo mientras duraba mi gestación.

Una breve reseña histórica

Entre 1959 y 1961 nacieron en Alemania más de tres mil niños con malformaciones en los miembros producto de la ingesta de un medicamento tranquilizante, denominado en Alemania Contergan, cuyo componente activo fundamental era la talidomida y que fue recetado entre 1957 y 1961 a mujeres gestantes que posteriormente dieron a luz niños con graves malformaciones.

Con la ingestión de estos tranquilizantes se determinaba, al parecer, la producción de abortos o graves daños en los sistemas óseo y nervioso de los recién nacidos que morían al poco tiempo de nacer o si sobrevivían, quedaban con las taras a las que, de modo genérico, he hecho referencia.

Cuando se confirmaron las malformaciones en los fetos que, de sobrevivir, lo hicieron con secuelas irreversibles en manos y pies, se retiró el fármaco alemán en doce días. La falta de una autoridad central europea y de unas redes sociales que, aparte del postureo de algunos pocos nos sirve hoy en día a muchos para denunciar lo que se hace mal, hizo que transcurrieran seis meses más antes que se diera la orden en España y es posible que algunos años hasta que dejara de administrarse el medicamento.

En 1972, se creó la fundación pública alemana Contergan, para atender a las víctimas (aquí), que dice haber distribuido más de 600.000.000 €, 108 aportados por la empresa distribuidora del medicamento entre 1972 y 2009.

El caso Contergan

Como en los años 60, además de la transparencia, las redes sociales y el Compliance (aquí), brillaban por su ausencia y la empresa farmacéutica alemana “Grunenthal” era y de hecho sigue siendo un gigante, esta sociedad, a pesar de ser sometida a juicio penal, en Sentencia (Ver comentario (aquí), pese a que quedaba claro que los directivos de Grünenthal fueron los responsables de miles de muertes de bebés en todo el mundo que no alcanzaron las primeras semanas de vida porque les afectó gravemente el corazón y el cerebro, así como que otros miles aún vivos carezcan de brazos y piernas, se llegó a un acuerdo indemnizatorio por el que aquellos se libraron de la cárcel y pagaron a los padres de las víctimas alemanas. Ni que decir tiene que dicho acuerdo dejó fuera de esa causa a los afectados españoles y de otros países.

El Tribunal de Aquisgrán que juzgó el caso se planteó principalmente la cuestión de si la Talidomida era apta en general para causar trastornos nerviosos y deformaciones. Los peritos se pronunciaron de diferentes maneras, pero aunque el tribunal se convenció de que encontraba probada la causalidad, se contentó a las víctimas con el reparto de indemnizaciones y pensiones vitalicias en un fondo por valor de 114 milllones de marcos.

AVITE en España

Entre junio de 1959 y enero de 1963 se autorizaron y distribuyeron en España un total de 10 productos farmacéuticos con diferentes denominaciones que por la falta de información e intereses de la época dejó a los afectados sin la posibilidad de luchar por sus derechos. De hecho, AVITE, Asociación de Víctimas de la Talidomida de España (aquí), no se crea hasta 2004, gracias a la curiosidad y el empeño de unos cuantos afectados que, pese a las historias macabeas acerca de sus limitaciones que les habían contado desde pequeños, confirman sus sospechas de que los defectos que arrastraban de nacimiento en sus extremidades eran consecuencia del consumo de talidomida por parte de sus madres gestantes.

Entonces empiezan a activarse en los medios y, más tarde en redes sociales (aquí) y logran desembocar su actividad reivindicativa en una acción judicial que, aunque en principio les otorga una indemnización a cargo de la sociedad distribuidora de los medicamentos, Grünenthal Pharma SA., finalmente es rechazada por la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 20.10.2015, que confirmando el fallo de la Audiencia Provincial de Madrid, les deniega el derecho a ser indemnizados por aplicación de la prescripción (Aquí).

La empresa demandada difundió un comunicado en el que indicaba que no se habían probado las alegaciones de los demandantes. Reiteraba que todos los afectados siguen teniendo derecho a recibir los mismos beneficios de la Fundación Contergan, que concede pensiones vitalicias a todas las víctimas de productos con talidomida de Grünenthal, o sus distribuidores, y que la decisión sobre las ayudas que se conceden la toma un comité experto independiente nombrado por la Fundación, que depende únicamente del Gobierno alemán.

Paralelamente y desde su creación, AVITE lo ha intentado todo con los sucesivos gobiernos de España, siendo lo máximo que consiguieron la emisión del Real Decreto 1006/2010 de 5 de agosto (aquí), que a lo que tan solo contribuyó fue al reconocimiento oficial de 23 personas afectadas a las que se otorgaba una ayuda solidaria, ni siquiera indemnizaciones o pensiones.

Conclusión

A todos esos paladines de la justicia defensores a ultranza del endurecimiento de las penas, la instauración de la prisión permanente y demás gaitas que de poco, en la mayoría de los casos, o de nada sirven, ya les pediría que en vez de gastar energías en eso se preocupasen de que, al igual que el genocidio no tiene fecha de caducidad penal, lucháramos todos contra la prescripción, tanto penal como civil de este tipo de conductas delictivas que, de momento, ha dejado con un palmo de narices a estas personas que nacieron condenadas de por vida.

Y es que lo dicen ellos y muy bien, lo que no debería prescribir es la ética.

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